El exmagistrado Carlos Chinchilla abandonó la presidencia de la Corte Plena el pasado 16 julio, tras activar su pensión y en medio de la polémica por la sanción disciplinaria que en ese momento estaba en discusión.
En cuanto a su jubilación, la oficina de prensa de la Corte indicó mediante un correo electrónico que el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial señaló que el monto bruto es de ¢8.749.421.
Sin embargo, debido a las reducciones que se aplican por la reforma al régimen de jubilaciones de este poder de la República, aprobada a finales del año pasado, Chinchilla percibirá casi la mitad de ese monto.
Según el acuerdo del Consejo Superior de la Corte, el monto neto que recibirá el exmagistrado será de ¢4.017.312.
Es decir, debido a reducciones como contribución solidaria que incluye la reforma y otros pagos de ley, la deducción en la jubilación alcanza la cifra de ¢4.732.109 aproximadamente.
¿Por qué Chinchilla logró pensionarse a los 55 años? El exmagistrado aprovechó un transitorio de 18 meses que se incluye en la reforma a las pensiones del Poder Judicial que permite a aquellos empleados que cumplan con los requisitos jubilarse con las antiguas condiciones.
Dicha reforma cambia los años de retiro, 62 años para los hombres y 60 para las mujeres.
Además, la pensión de Chinchilla se calculará sobre el 100% del promedio de los últimos 24 salarios. La reforma establece que será sobre el 83% calculado sobre los últimos 240 salarios.
Antes de dejar la presidencia de la Corte, disfrutaba de un salario superior a los ¢9 millones mensuales.
DENUNCIA
Chinchilla estuvo en medio de la polémica luego de que firmó la desestimación de una causa penal, junto a otros cuatro magistrados de la Sala III, a favor de los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, por un supuesto delito de tráfico de influencias que favorecía al empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Según la denuncia que hizo pública el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, los magistrados obviaron el informe de registro de llamadas entre los diputados y el empresario.
El argumento de Chinchilla fue que dicho informe no incluía el contenido de las llamadas, por lo que no era vinculante.
A pesar de salir de la Corte, Chinchilla aún tendrá que esperar cuál será la resolución de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por una denuncia penal en su contra y que incluye al magistrado Jesús Ramírez y las exmagistradas Doris Arias, María Elena Gómez (suplente), así como al también exmagistrado Celso Gamboa.
El 30 de octubre del 2017, la Asociación de Investigadores en Criminalística (ANIC) presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General contra los magistrados, ya que pudieron cometer el delito de prevaricato (dictar una resolución arbitraria sabiendo que es contraria a la ley) luego de que firmaron la desestimación.