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Un proyecto de ley pretende transparentar los aportes económicos de sectores privados a agrupaciones políticas.
La iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Ulate, busca que las contribuciones privadas a candidatos políticos únicamente puedan acreditarse a través de los partidos y tendencias debidamente oficializadas.
Del mismo modo se precisa que toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada en el momento de su recepción mediante comprobante bancario o recibo oficial expedido por la agrupación política.
El proyecto señala además que ninguna donación o contribución podrá recibirse si es anónima.
Asimismo todos los partidos a escala cantonal, provincial y nacional, así como coaliciones, deberán publicar mediante un medio digital de acceso público la lista total de los contribuyentes privados, los montos aportados y la fecha en que se hizo la contribución.
Dicha publicación deberá actualizarse cada tres meses y hacerse indistintamente del monto aportado por cada persona o de que la agrupación política tenga acceso o no a deuda política, según lo dispuesto en los artículos 89 y 99 del Código Electoral.
En cuanto a las agrupaciones con derecho a deuda pública, también deberán publicar en el mismo medio digital la liquidación de deuda política aprobada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Cabe señalar que toda la información de donantes privados estará a disposición del TSE cuando lo requiera.
De acuerdo con Ulate, en las últimas semanas se registra un incremento en los casos de cercanía entre políticos y organizaciones vinculadas al crimen organizado, principalmente al narcotráfico, lo que obliga a fortalecer los principios de transparencia y publicidad en las donaciones de recursos privados a los precandidatos, candidatos, partidos y campañas electorales en general.
“La discusión de los aportes privados en los procesos electorales resulta particularmente relevante en una región donde prevalecen la desigualdad y la inequidad debido la concentración de la riqueza en pocas manos, lo que facilita la penetración de los recursos económicos de origen privado para influir en la toma y los tomadores de decisiones. Este es un tema presente desde hace mucho en la agenda política nacional”, apuntó.
El legislador agregó que transparentar los aportes privados a la política electoral implica revisar de forma constante los peligros que pueden significar para la democracia y cómo garantizar que ese sistema sea cada vez más transparente y justo.
“Quienes se oponen a este tipo de medidas argumentan que develar datos de aportes privados viola la privacidad individual y que con ello también se obliga a revelar las preferencias políticas de los individuos que efectúan dichos aportes.
En esa línea en varios países se aduce que el derecho a la privacidad debe permanecer cuando las donaciones son pequeñas, pero las muy grandes deben hacerse públicas.
Para efectos del proyecto de ley, todas las donaciones deben hacerse públicas porque el monto aportado no elimina el riesgo de que esos recursos provengan de actividades ilícitas o mediante la atomización de los aportes se busque favorecer a una persona o sector”, concluyó Ulate.