Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, está exigiendo transparencia en el proceso de condonación de deudas a un grupo de agricultores.
Es por eso que solicitó información adicional al Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo (SBD) para definir el futuro del proyecto de ley 21.965, que se encuentra en discusión en el Congreso.
La iniciativa busca perdonar el 100% de deudas incobrables a 2.705 productores agrícolas por poco más de ¢6.200 millones. No obstante, se ha cuestionado que no se han depurado las listas de beneficiarios.
Muñoz solicita información muy detallada como el nombre de la persona física o jurídica, número de cédula física o jurídica, de todos los beneficiarios de la condonación, el monto inicial de la operación y la fecha de inicio.
También pide el monto cancelado hasta la fecha de cada operación, la fecha en que realizó el último pago a la operación, el monto principal adeudado e intereses corrientes.
Además del monto adeudado de intereses moratorios, el estimado de costas personales y procesales, las operaciones registradas como insolutos y el tipo de empresa: micro, pequeña, mediana o grande.
El proyecto de ley lleva el nombre de “Apoyo a beneficiarios del Sistema de
Banca para el Desarrollo ante emergencia por Covid-19”.
Muñoz recordó la naturaleza pública de los fondos del Fonade (Fondo Nacional de Desarrollo) y que el propósito de dichos recursos no es la intermediación financiera.
“A mi despacho ha llegado información indicando que ‘Prazas’ es una línea
de Fonade para la atención de la emergencia de Cinchona, sobre Poás y Proagroin que es una línea que viene desde el 2009. ¿Por qué está usted de acuerdo en condonarlos? ¿Quién lideraba Finade en el momento de otorgar estos créditos?”, replicó Muñoz.
Es por ello que se solicita información adicional a Miguel Aguiar, director del SBD, como la composición actualizada de la cartera de créditos de Banca para el Desarrollo por sector, montos disponibles y por asignar, las tasas de interés para las distintas operaciones y la metodología para clasificar como micro, pequeña, mediana o gran empresa.
También se quieren los indicadores históricos de morosidad de las operaciones del SBD y el listado de funcionarios, indicando el nombre completo, ocupación, dependencia y salario bruto.