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Una mayoría de diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico exige la salida de Gilberth Jiménez de la presidencia de dicho foro, debido a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por supuestos nexos con personas cercanas al ahora extraditable Celso Gamboa.
Fuentes cercanas confirmaron a Diario Extra que varios integrantes tienen previsto impulsar la medida, mediante una moción, para reemplazar al diputado independiente.
No obstante, expertos en el tema aclaran que la remoción solo puede concretarse si el legislador presenta su renuncia de forma voluntaria, algo que Jiménez no está dispuesto a hacer.
Entre ellos se encuentra la también independiente Gloria Navas, quien presidió la comisión en el pasado y considera que, ante la información que ha salido a la luz pública, se debe cambiar el mando.
“Bajo esas circunstancias y esos nuevos hechos, en mi opinión, sobre un tema de narcotráfico, me parece que don Gilbert debe apartarse de la presidencia. Yo no estoy sugiriendo que se salga de la comisión, pero sí que se aparte de la presidencia”, añadió Navas.
La legisladora también recordó que el plenario solicitó a la comisión estudiar si existe penetración del narcotráfico en el Gobierno y en sus políticas públicas, por lo que le parece aún más riesgoso que Jiménez siga al frente.
“Creo que el tema es delicado, es un tema no solo de tipo jurídico-político, sino que también es un tema de protección a la nación y con lo serio que es el asunto de Celso Gamboa, las implicaciones que tiene, las conexiones que él ha tenido, por supuesto que Costa Rica no puede asumir ese riesgo”, añadió.
Por su parte, Horacio Alvarado, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), expresó que el tema debía ser evaluado junto a su fracción.
Denuncia persecución
La negativa del desamparadeño podría generar consecuencias dentro de la comisión, ya que varios legisladores insisten en que la presidencia debe estar en manos de otra figura, y no de alguien que está siendo investigado.
Según el congresista, este tipo de acciones buscan perseguirlo y manchar su imagen, al tiempo que afirma que, bajo su liderazgo, la Comisión avanza con normalidad.
“Seguiré trabajando con la mayor fuerza, con el mayor ímpetu, jamás he sacrificado ni mucho menos traicionado a mi país y tampoco a mis principios y valores”, aseveró Jiménez.
Aunque la Asamblea Legislativa se encuentra en receso esta semana y retomará labores el próximo lunes, el caso sigue generando cuestionamientos, por lo que, en las próximas semanas, se espera un aumento en la presión política dentro y fuera del Congreso debido a este tema.
“Desde un principio se vieron las malas intenciones, las malas interpretaciones y, por supuesto, las acciones en mi contra para que este servidor, seguramente, no pueda seguir trabajando como ha trabajado”, subrayó.
¿Qué dicen los miembros de la Comisión?
Gilberto Campos
PLP
“El tema sobre la presidencia dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico es algo que estaremos valorando dentro de la fracción del Partido Liberal Progresista”.
Gloria Navas
Independiente
“La Comisión no debe estar en manos
de un diputado que está siendo investigado por temas relacionados con este
caso tan serio como el de Celso Gamboa”.
Priscilla Vindas
Frente Amplio
“Yo perfectamente puedo entender que alguien conocido llega a una mesa y se intercambian saludos, lo que yo creo que aquí genera recelo es el hecho que se hayan apartado a una mesa”.
Crecen las dudas
Mientras Jiménez insiste en su transparencia y asegura no tener vínculos con las personas relacionadas con Celso Gamboa, varios legisladores cuestionan la coherencia de su exposición y su discurso. Señalan que existen inconsistencias que generan desconfianza.
Por ejemplo, para la diputada frenteamplista Priscilla Vindas, la versión del presidente de la comisión en la que asegura su inocencia “genera muchas dudas”.
Este caso llevó al legislador independiente a presentar una denuncia contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz, ante la Corte Plena.
Alega que la investigación en su contra carece de sustento jurídico y se fundamenta en “presunciones subjetivas” alimentadas por presiones externas, manipulación mediática y campañas de desprestigio.
En ese contexto, Jiménez solicita una sanción administrativa contra el fiscal, convencido de que se están violentando sus derechos sin pruebas concluyentes. El conflicto añade un nuevo matiz al ambiente ya tenso dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.


