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Varias organizaciones sindicales le exigen a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rescindir el contrato de estudio actuarial al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) suscrito con el experto argentino Eduardo Melinsky, debido a una serie de incumplimientos y fallas en las que habría incurrido el consultor.
Estas fueron identificadas por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR) y contenidas en un primer informe de observaciones tras analizar las siete resoluciones preliminares presentadas por Melinsky a la comisión técnica integrada por representantes de la Gerencia de Pensiones de la Caja y de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Dicha comisión en enero anterior solicitó el acompañamiento técnico de la UCR para analizar los productos entregados por Melinsky, por lo cual procedió a la suspensión del contrato por tres meses, inicialmente de enero a abril y luego de mayo a julio, para que la Universidad tuviera tiempo para entregar un documento de análisis preliminar y otro definitivo.
El estudio actuarial solicitado por la Supen era para contar con la valoración de un tercero, consensuado con la Caja, para determinar las condiciones y salud financiera y de sostenibilidad del IVM, para entrar en un proceso de análisis de discusión de cara a una serie de ajustes que, a criterio de la Superintendencia, se debe hacer para garantizar que haya plata para los trabajadores que se vayan a pensionar en el futuro.
SIN PROFUNDIDAD
Para la Escuela de Matemática de la UCR los reportes generados por Melinsky carecen de un análisis profundo del régimen del IVM, al tiempo que no se presentan indicios claros de la forma en que se plantearán los supuestos del modelo.
“En términos generales, el contratista genera los informes del primer y tercer mes, los cuales, según nuestra comprensión, incumplen el contrato, ya que no presenta el modelo matemático exigido. Esto provoca un umbral de incertidumbre y subjetividad en la evaluación actuarial como un todo”, concluye el primer informe técnico, Convenio CCSS-Supen-UCR, remitido a la Gerencia de Pensiones de la CCSS el 15 de mayo anterior.
Sobre el particular, en nota enviada por Luis A. Barboza, de la Escuela de Matemática, a la directora de esa dependencia, Orieta Protti, explica que no se incorporaron por parte del consultor las fórmulas actuariales, algoritmos implementados o alguna referencia a las hojas de trabajo.
Al mismo tiempo la UCR informa que los productos 1 y 2 presentados por Melinsky no se ajustan a los estándares mínimos requeridos, sumado a que cuenta con muchas faltas de ortografía, de redacción y tiene ideas inconclusas o confusas.
“El consultor Eduardo Melinsky falla en comprender, estudiar, validar y analizar las variables que proyectará (no hay estudio de tendencia, ciclicidad, indicadores estadísticos, etc.), sin explicar los modelos que utilizará para proyectar ni entregar las fórmulas de los mismos. No hay análisis sobre la evasión, por ejemplo”, detalla la UCR.
Este informe todavía no ha sido de conocimiento de la junta directiva de la CCSS.
REACCIONES
Debido a lo anterior, Juan Carlos Durán, secretario de Seguridad Social por la Confederación de trabajadores Rerum Novarum (CTRN), comentó que el contrato del consultor ha sido escabroso.
El contrato adjudicado fue por un monto de $125 mil, que sería pagado por la CCSS y Supen a medias. En abril anterior Melinsky solicitó a las partes reconocerle el pago de $17.300 por concepto de cargos de viaje en que incurrió al viajar de Argentina a Costa Rica y viceversa.
“A la junta directiva no le quedará más que rescindir el contrato porque no ha sido cumplido por Eduardo Melinsky. Se debe rescindir ese contrato y la Caja no debe pagarle a Melinsky suma alguna por los productos entregados”, sentenció Durán.
Agregó que cualquier diálogo social que se vaya a realizar en torno al tema del IVM no se debe tomar como punto de partida ninguno de los productos de Melinsky y que no se deberá discutir el aumento de las cuotas, ni las edades, ni la contribución que hacen el empleado, patrono y el Estado para el financiamiento del régimen.
Con él coincidió Geovanny Ramírez, miembro del consejo directivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), quien recordó que en el 2005 se efectuó la reforma al IVM que está vigente en la actualidad y no se sabe cuáles son los resultados de cortes métrico y paramétrico alcanzados con la reforma.
“Eso es un aspecto fundamental para el estudio del IVM. Hay que ver cómo están temas como el de inversión, morosidad, los evasores, ver dónde están los problemas, diversificar la cartera de inversión del IVM para obra pública.
No estamos a favor del aumento de las cuotas, prima y edad. No estamos a favor que se castigue a los trabajadores, que son los que le dan sostenibilidad al régimen con sus cuotas”, acotó Ramírez.
Martha Rodríguez, secretaria adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), dijo que puesto que el contrato de servicios profesionales todavía está en etapa de ejecución, que se suspendió por no ser satisfactorio para las entidades y ya el profesional está inhabilitado como miembro temporal del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas a partir de febrero de este año, es muy difícil que continúe con el proceso iniciado.
“Ante esta situación exigimos se abra un procedimiento ordinario de ley para resolver dicho contrato y se determine la eventual responsabilidad administrativa y patrimonial que le corresponda al contratista e indemnicen los daños y perjuicios provocados a las institución, y que estos sean resarcidos por la garantía de cumplimiento”, explicó Rodríguez.