Margarita Portilla Monge, quien durante los últimos 7 años trabajó con una familia en el cuido de una persona adulta mayor de más de 95 años, exige a sus expatronos el pago de sus prestaciones de ley.
Relató a DIARIO EXTRA que, en diciembre anterior, fue despedida porque la familia le indicó que ya no contaban con dinero para seguirle pagando.
“Había muchas empleadas en la casa. Estaba la que limpia, la que lava, la que plancha y otros y en diciembre me despidieron alegando que estaban sin dinero, pero no me podían pagar las prestaciones, sino que lo seguirían pagando como si fuera un salario, cada semana, como lo hacían siempre. Me fueron pagando allí, a veces se atrasaban un poco, pero me iban pagando, pero ya hace tres semanas no me pagan ni un cinco, ni me dicen el porqué”, detalló la afectada, quien se apersonó a poner la denuncia al Juzgado Laboral del Poder Judicial.
Portilla detalló que, desde entonces, los ha llamado, pero cuesta que le contesten y cuando logra alguna comunicación le indican que no tienen dinero.
“Yo soy una persona mayor, que me ha costado conseguir trabajo y como tenía esa liquidación y me quedaba ese dinero me dije que allí sigo y que en abril me pondría a buscar empleo, pero ahora con esta situación no he podido ni salir; no quieren pagarme, dicen que no tienen dinero y que no tienen dinero, como que si no tuvieran una responsabilidad”, aseveró Portilla.
Indicó que sus expatronos son personas que pueden cancelar, pues tienen fincas en Orotina, que le vendieron un edificio al Ministerio de Cultura y son dueños de locales comerciales en el centro de San José.
“Es gente que puede pagar y ahora ni me quieren dar la cara”, reclamó Portilla, quien aseveró que tiene 63 años y que mantiene a un hijo viviendo con ella, debido a que su trabajo se vio afectado por el COVID-19.
Apuntó que, como fue despedida antes de la emergencia por la pandemia, no puede tener acceso al plan Proteger, lo que aumenta su vulnerabilidad.