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En medio de la tormenta política desatada por el despido de siete altos mandos policiales tras reprobar el polígrafo, el exdirector de Fuerza Pública, Marlon Cubillo, salió al paso de las informaciones que lo vinculaban con la lista de funcionarios cesados.
En conversación con Grupo Extra, Cubillo fue tajante al desmentir tanto su destitución como su participación en las evaluaciones de confianza que han sacudido al Ministerio de Seguridad Pública.
“Yo no me he hecho ningún examen de esos”, aseguró Cubillo, quien calificó de falsas las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios de comunicación.
El exjefe policial, con 36 años de trayectoria, informó que ya inició procesos legales contra quienes difundieron informaciones sin sustento oficial y atribuyó estos rumores a intereses que buscan entorpecer su labor contra el narcotráfico y la corrupción interna. Asimismo, aclaró que él no forma parte de la denominada “Fuerza Élite”.
Ahora Cubillo ocupa el cargo en propiedad como asesor legal policial.
Erick Calderón, quien ocupaba el puesto de Director de Fuerza Pública en Cartago, también negó ser cesado ya que no está en el grupo de “Fuerza Élite”, desmintiendo versiones que circulan en redes sociales.
La polémica nace de la decisión de la presidenta de la República, Laura Fernández, de remover a siete directores de confianza que no superaron el “detector de mentiras” tras la prueba del polígrafo.
Según la mandataria, de un grupo de 33 funcionarios de alto nivel (que incluye a los ministros de Seguridad y Justicia, así como a los directores de la DIS y
la UEI) siete fallaron en preguntas que calificó como “facilísimas”, relacionadas con vínculos directos con el crimen organizado y el favorecimiento del narcotráfico.
“Yo no vine aquí a ser alcahueta de la corrupción”, sentenció Fernández, quien defendió la legalidad de las pruebas basándose en la normativa vigente que regula su aplicación en puestos estratégicos de seguridad nacional.
Ante las advertencias de posibles demandas por despido injustificado, la presidenta fue desafiante: “¡Que me demanden! No me importa… son puestos de confianza, de libre remoción y nombramiento”.
La jerarca incluso reveló que ella misma se sometió al examen para “predicar con el ejemplo”.
El conflicto escaló hacia el Poder Judicial cuando el fiscal general de la República, Carlo Díaz, cuestionó la metodología de las pruebas actuales.
Durante una audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa, Díaz descartó someterse a evaluaciones realizadas por la empresa privada contratada por el Ejecutivo, argumentando que los resultados podrían ser manipulados para dañar su imagen tras cuatro años de constantes ataques políticos.
Díaz, quien suma 28 años de carrera judicial, propuso elevar la apuesta por la transparencia:
“Hagamos un show importantísimo: que venga la DEA o el FBI y nos someta a todos al polígrafo”, dijo.
El fiscal insistió en que sus cuentas están limpias y a disposición de las autoridades, pero subrayó que solo aceptaría la prueba bajo la supervisión de un organismo internacional “serio” y no de una entidad privada donde no existan garantías de imparcialidad.
Por su parte, la presidenta Fernández restó importancia a las dudas del fiscal, asegurando que la empresa que aplicó los exámenes cuenta con certificaciones internacionales, incluso de los Estados Unidos, e instó a Díaz a dejar de “buscar excusas” y sumarse al trabajo operativo.
Mientras la investigación preliminar sobre los siete exdirectores avanza desde el despacho presidencial, el uso del polígrafo se consolida como el nuevo epicentro de la tensión entre los poderes del Estado.