Exdiputado y su esposa alegan incapacidad psiquiátrica

El exdiputado Abelino Esquivel y su esposa de apellidos Cortés Oporto están incapacitados en psiquiatría, esto provoca que no pueda continuarse un juicio que se lleva en contra de ambos. DIARIO EXTRA habló con Celso Gamboa, defensor de los imputados en la causa bajo expediente 20-000068-0951-PE. El jurista afirma que, luego de la muerte de […]

El exdiputado Abelino Esquivel y su esposa de apellidos Cortés Oporto están incapacitados en psiquiatría, esto provoca que no pueda continuarse un juicio que se lleva en contra de ambos.

DIARIO EXTRA habló con Celso Gamboa, defensor de los imputados en la causa bajo expediente 20-000068-0951-PE. El jurista afirma que, luego de la muerte de la hija de esta pareja, el 22 de febrero del año pasado, “Están afectados por el asesinato de su hija y no se encuentran en condiciones ni física, ni emocionalmente preparados para enfrentar un debate, entonces eso, incluso lo ha venido corroborando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiempo atrás”, explicó Gamboa.

El contradictorio estaba agendado para reanudarse entre el 22 y 26 de este mes, no obstante, por la condición que los dos imputados presentan, el dictamen informa de una incapacidad de 30 días, iniciando a partir del 5 de mayo. Por otra parte, a inicios de este año, las autoridades judiciales informaron que otro hijo de Esquivel fue víctima de un atentado mientras estaba en su vivienda, ya que un gatillero en moto llegó a la casa del exlegislador, sacó un arma y abrió fuego en contra de él.

 

EL CASO

 

Esquivel y Cortés, en conjunto, fueron acusados por la Fiscalía de organizar una estructura delictiva para realizar cobros mensuales a los asesores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez. También se les señala de pedir dinero por trabajos legislativos que nunca habrían sido realizados.

Esquivel fue acusado por el delito de concusión, crimen por el cual la hermana del excongresista, Wray Esquivel, ya fue condenada el 1° de febrero anterior a nueve años de cárcel y con prohibición de ejercer cargos públicos.

La Unidad Especializada de la Fiscalía informó que los involucrados obtuvieron más de ¢10 millones mediante la actividad ilícita.