Oscar López, quien fuera diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) en el periodo 2006-2010, enfrentará un juicio por el presunto delito de peculado diez años después de que iniciara la investigación.
Tanto él como los también exligisladores del cuatrienio 2010-2014, Victor Emilio Granados, Rita Chaves y Martín Monestel, así como otros imputados son investigados en el expediente número 12-000031-0033-PE.
Para este debate se señaló la fecha del 2 de mayo al 14 de junio del 2022.
Los restantes imputados en la causa responden a los apellidos Brenes Villalta, Madrigal Morera, Rodríguez Rodríguez, Casanova Aragón, Arias Jiménez, Zamora Álvarez, Esquivel Mondragón y Brenes Villalta.
En apariencia, durante los dos cuatrienios mencionados, los imputados habrían realizado “nombramientos fantasmas” de familiares o amigos suyos en plazas de asistente de fracción, asesor y secretaria, entre otras.
Según el Ministerio Público, esto se dio sin que estas personas se presentaran a trabajar, aunque sí recibieron los salarios correspondientes.
Justamente los otros ocho implicados en la causa son quienes percibieron dichos pagos, que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción estimó en un perjuicio económico contra el Estado que asciende los ¢165 millones.
“Las personas que supuestamente recibieron esos pagos también enfrentarán el debate oral y público como imputadas; se cree que el monto total del perjuicio económico causado al Estado costarricense asciende a ¢165.491.770”, informó la Fiscalía en agosto del 2019.
Desde el 2012, cuando se dieron las primeras denuncias e investigaciones, López ha insistido en que se eleve a juicio para poder demostrar la verdad.
EL CASO
El 8 octubre del 2012 se dio a conocer que el entonces diputado del PASE, José Joaquín Porras, denunció ante el Ministerio Público a López por el presunto delito de peculado.
El documento de la denuncia señalaba que durante el periodo 2006-2010, el PASE al ser una fracción unipersonal no tenía la posibilidad de nombrar a dos asesores más, pero aceptaron la posibilidad dada la condición de López de no vidente. Ante esto contrataron un chofer de apellidos Rodríguez Rodríguez y a una mujer de apellidos Zamora Álvarez como su lazarillo.
No obstante, señala la denuncia, que luego de que López dejó de ser diputado, ambos funcionarios recibieron el pago y siguieron brindando los servicios, con cargo a la Asamblea Legislativa.
También alegó que dos mujeres, ambas apellidadas Brenes Villalta, nunca laboraron para el Congreso, pero sí retiraban sus salarios.