El exdiputado de Renovación Costarricense, Abelino Esquivel acordó una pena de seis años de cárcel en el caso donde se le acusa por cobrar “diezmo” al salario de tres de sus asesores legislativos.
Se sometió a un proceso abreviado para no ir a juicio, por lo cual también tendría la sanción de seis años de inhabilitación de cargos públicos y deberá pagar ¢35 millones por daño social.
En esta causa también estaba incluida su esposa, una mujer de apellidos Cortés Oporto, quien acordó una pena de cuatro años y ocho meses, el mismo periodo de inhabilitación de cargos públicos y el pago de ¢15 millones por daño social.
La fiscal Claudia Villafuerte confirmó a Diario Extra que tanto el exdiputado como su esposa podrían asumir la pena con arresto domiciliario, pero eso tendrá que definirlo el juez encargado de emitir la sentencia.
“El Ministerio Público negocia la prisión, pero sí hubo una petición de la defensa para que se les imponga el monitoreo electrónico, es decir, un arresto domiciliario con brazalete”, declaró.
Esto porque cumplen con requisitos como ser delincuentes primarios, tener un domicilio fijo y que no se les sumen nuevas causas penales.
Por este mismo caso fue condenada en 2021 a nueve años de cárcel Wray Esquivel, hermana del exlegislador, por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.
Víctima satisfecha
Álvaro Oconitrillo, uno de los tres exasesores legislativos afectados por estos cobros ilegales, manifestó su satisfacción por la finalización del proceso.
“Quedo satisfecho, primero, porque hubo resarcimiento económico, y segundo, porque es uno de los pocos pillos que se logra condenar en este país por corrupción”, sentenció. Sin embargo, lamentó que el cabecilla, es decir, el exdiputado, tuviera una pena de cárcel menor que la hermana, quien realizaba los cobros.
Álvaro Oconitrillo
Afectado por cobro de “diezmo”
“Quedo satisfecho, primero, porque hubo resarcimiento económico, y segundo, porque es uno de los pocos pillos que se logra condenar en este país por corrupción”.
Claudia Villafuerte
Fiscal
“El Ministerio Público negocia la prisión, pero sí hubo una petición de la defensa para que se les imponga el monitoreo electrónico, es decir, un arresto domiciliario con brazalete”.