El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) aceptó que uno de los elementos para excluir compañías en el desarrollo de 5G dependiendo de su país de origen y si firmó o no el convenio de Budapest es puramente político.
Esto sucedió tras los constantes señalamientos de parte de las diputadas de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, Monserrat Ruiz del Partido Liberación Nacional (PLN) y Sofía Guillén del Partido Frente Amplio (FA) hacia Paula Bogantes, titular del Micitt indicando que el reglamento publicado el 31 de agosto está motivado por razones políticas y no técnicas.
Por esto intervino Hubert Vargas, viceministro de Telecomunicaciones, y expuso que parte de la decisión de reglar de la manera en que lo hicieron es la legislación china sobre las empresas de su país.
“Hay una normativa interna de China que creo requiere de análisis por esta Comisión y es la Ley Nacional de Seguridad de China en sus artículos 7, 12, 14 y 16, que establecen lo siguiente (…), por ejemplo, el artículo 7 dice que todas las organizaciones y ciudadanos, organizaciones incluye empresas que producen en China, asistirán y cooperarán en el trabajo de Inteligencia de acuerdo con la Ley y guardarán los secretos del trabajo de Inteligencia Nacional que conozcan”, refirió.
Vargas dijo entender que hay países firmantes del Convenio de Budapest que se han espiado entre sí: “eso será una situación geopolítica que requiere análisis, pero hay países de estos que ustedes indicaron (Estados Unidos, Reino Unido, Israel), que no tienen una normativa así de sólida lo cual permite la intervención por parte un Gobierno”.
Al concluir su exposición, Guillén solicitó la palabra para que quedara en actas que Vargas indicó que el estado de China es totalitario y por ello la decisión es política y no técnica.
ESPIONAJE ENTRE PAÍSES
La primera en cuestionar a Bogantes y las intenciones detrás del reglamento de redes 5G fue Monserrat Ruiz, diputada del PLN, quien le preguntó en qué parte o artículo del Convenio de Budapest se habla de ciberseguridad en 5G. “Es evidente que su incorporación en el decreto tiene como intención utilizar un mecanismo geopolítico para restringir la participación de empresas de (determinados) países”, manifestó.
Una y otra vez Bogantes aseguró que el Convenio de Budapest fue utilizado como requisito porque los países firmantes colaborarían con Costa Rica en caso de nuevos ciberataques y eso no pasa, por ejemplo, con Rusia que brindó información tras el hackeo de los sistemas de decenas de instituciones públicas en 2022.
Sin embargo a esto, Ruiz contestó que Alemania fue espiada por Estados Unidos y Dinamarca, ambos firmantes del convenio de Budapest y le preguntó a la Ministra si el Convenio es vinculante o no, a lo que la titular no respondió.
Finalmente, ante la pregunta de la legisladora Ruiz: “¿qué nos garantiza los ataques no vengan de los países firmantes?, la ministra contestó: ‘no hay ninguna garantía, pero lo que el Convenio nos garantiza es que si un ciberdelincuente está en un país firmante, el país tiene que darle persecución penal’”.
SIN CRITERIO TÉCNICO
Por su parte, Sofía Guillén, diputada del FA, le cuestionó al Micitt por qué ninguno de los tres documentos usados como referencia a la hora de redactar el reglamento 5G pone como requisito el convenio de Budapest. Estos son un reglamento de España de 2022, el documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Ley de Seguridad en Telecomunicaciones de Reino Unido.
Asimismo, Guillén cuestionó por qué se usó como referencia Budapest, a pesar de que se hizo 18 años antes del desarrollo de la tecnología 5G y no el proyecto 3GPP, el cual es considerado la mayor iniciativa internacional de ciberseguridad y participan compañías de China, Estados Unidos, Israel, Brasil, entre otros.
“Este actualiza los estándares de seguridad todos los años, ¿por qué decidieron usar como referencia Budapest y no el 3GPP?, a lo que Bogantes contestó: ‘el 3GPP es parte de los lineamientos que el Micitt le envió a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), para la elaboración del cartel’.
Pero el 3GPP no constituye la referencia de estándares del reglamento.
Ustedes decidieron que la referencia fuera el Convenio de Budapest y eso es una decisión que no es técnica, señora ministra, es una decisión política que ustedes tomaron”, sentenció la frenteamplista.
Guillén finalizó su intervención leyendo un criterio de la Sutel del 27 de agosto de este año en que se cuestiona la exclusión de empresas por país de origen, al decir: “se observa una referencia de temas de índole político, presiones de gobiernos y demográficos sin que estos elementos puedan ser considerados parámetros técnicos objetivos relacionados en materia de ciberseguridad”.
Posterior a la intervención de Guillén fue que el Viceministro de Telecomunicaciones tomó la palabra y señaló la legislación china como un elemento a tomar en cuenta.