La Fiscalía General de la República confirmó este martes, en atención a una consulta de DIARIO EXTRA, que avanza en la revisión de los dispositivos electrónicos por el caso UPAD.
Este martes se procedió a examinar la computadora del creador de la unidad espía y excomisionado para asuntos de la comunidad LGTBI, Luis Eduardo Salazar Muñoz.
En específico, la Fiscalía “trabaja en el respaldo de los dispositivos de Salazar”. Confirmaron que también realizan lo respectivo con los dispositivos de otros imputados en la causa conocida mediáticamente como UPAD.
La revisión de la computadora de Salazar ocurre a una semana de que examinaran los dispositivos del mandatario Carlos Alvarado.
Ese lunes 11 de enero se llenó de polémica luego de que Alvarado arremetiera contra la fiscala general Emilia Navas por la forma -violatoria según su criterio- como se ha manejado el caso UPAD.
Alvarado denunció que la Fiscalía revisó varios correos suyos sin la presencia de un juez ni de alguno de sus abogados. Alega que ese accionar viola el debido proceso.
Pese a lo anterior, Navas rechazó los cuestionamientos. “Nosotros no nos hemos impuesto en ningún momento del contenido de la información de cualquier dispositivo electrónico que se haya secuestrado o decomisado en este caso. Nosotros no hemos entrado en el conocimiento de la información de ningún dispositivo”, había mencionado la fiscala.
CUESTIONAMIENTOS
CONTRA SALAZAR
Sobre Salazar Muñoz cabe recordar que fue el exfuncionario quien ideó el decreto que dio vida a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), según había confirmado el entonces ministro de la Presidencia Víctor Morales Mora.
En específico, Salazar asesoró jurídicamente a Casa Presidencial para crear el polémico decreto. Trabajó hombro a hombro con Diego Fernández Montero, que coordinaba el departamento de minería de datos en Zapote.
La UPAD fue establecida por medio del decreto 41996-MP-Mideplan con fecha al 14 de octubre de 2019, pero tras las críticas se derogó el viernes 21 de febrero de 2020.
Funcionó como una instancia asesora del presidente para la toma de decisiones políticas. Disponía para su constitución que el Gobierno central e instituciones autónomas facilitaran todo tipo de información, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.
Además, ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario.
También vale recordar que, tras su estrepitosa salida de Casa Presidencial, Salazar intentó conseguir un puesto en la Cancillería, empero, a mediados de octubre del año anterior el exfuncionario se quedó sin esa oportunidad.
Rodolfo Solano, canciller de la República, explicó para esas fechas que la cartera desistió de la designación tras un criterio del ente procurador.
El polémico exfuncionario había participado en un concurso para ingresar a la carrera diplomática, haciendo todo el proceso y ganando los exámenes, por lo cual se perfilaba en la lista de elegibles.
Él aspiraba a ganar un salario de alrededor del millón de colones sumando pluses y hubiera comenzado sus labores el pasado 1 de octubre en la Dirección Jurídica de Cancillería, que ve temas de derecho internacional, derechos humanos, tratados, acuerdos entre estados, entre otros.
“Este caso inicia a partir de un concurso por oposición donde nosotros teníamos elementos técnicos y legales, sin embargo, quisimos tener el criterio técnico de la Procuraduría para estar ciertos sobre nuestro actuar. Es así como elevamos una consulta, la cual fue evacuada la semana pasada y luego de hacer el análisis jurídico respectivo llegamos a la conclusión de que el pronunciamiento del órgano procurador nos arroja que no procede el nombramiento”, había precisado Solano.