Gerardo Oviedo Espinoza, exalcalde de la Municipalidad de Santa Ana, su esposa, de apellidos Sánchez Venegas, y un hombre identificado con los apellidos Solís Vargas fueron detenidos, por ser sospechosos de cometer el delito de peculado.
Así lo dio a conocer la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Estas detenciones se realizaron durante una serie de diez allanamientos que se efectuaron en viviendas y oficinas municipales de ese cantón.
Hay que recalcar que, Oviedo es exalcalde mientras que Sánchez ocupaba el cargo de directora administrativa y Solís tenía un puesto de chofer. Cada uno fue aprehendido en su respectiva casa de habitación.
Oviedo aseguró tras la salida de su domicilio a los medios de comunicación presentes que la acusación realizada en su contra no es cierta.
Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, los cuales fueron ejecutados en conjunto con la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Durante estos operativos se decomisaron computadoras de uso personal, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento masivo y documentos de interés para la investigación en curso.
Un dato importante es que se tomó la declaración indagatoria a los sospechosos, en donde las autoridades valorarán la solicitud de medidas cautelares.
LOS HECHOS
La investigación, catalogada bajo la causa 23-000014-1218-PE, se centra en hechos ocurridos entre 2017 y 2021.
En apariencia, durante este periodo un grupo de funcionarios municipales, incluyendo a todos los detenidos, administraban los fondos públicos de la Municipalidad de Santa Ana y del Comité Cantonal de Deportes.
La Fiscalía sostiene que los implicados desviaron recursos públicos para financiar y cubrir los gastos de un equipo de fútbol privado, conocido como Municipal Santa Ana, al que también se vinculan como miembros de una asociación deportiva privada.
Por otra parte, se investigan otros diez funcionarios públicos en relación con este caso, aunque solo se ha considerado necesaria la detención de los tres mencionados en esta etapa procesal.
Cabe resaltar que la Contraloría había determinado que el equipo de fútbol no cumplía con los requisitos formales para recibir los fondos y señalaron que el Comité de Deportes no tenía la autoridad para girar dichos recursos, incluso si tenían un propósito específico.
Para ese momento, se hizo una donación de ¢5 millones y el Comité fue utilizado indebidamente como un medio para pagar algunas cargas patronales del equipo y la entidad fiscalizadora reprochaba a Oviedo por haberlos incluido en el presupuesto anual de los años 2018, 2019 y 2020.
También se le había sancionado por autorizar la transferencia de esos recursos con la indicación de que serían utilizados para el pago de las cargas patronales de los jugadores del equipo Municipal Santa Ana. La Contraloría no solo declaró nulo el acuerdo, sino que solicitó la devolución de los fondos transferidos.
Asimismo, el exalcalde había expresado a DIARIO EXTRA que la situación era complicada, por lo que se escudaba en que el Concejo Municipal había aprobado ese presupuesto y aseveró que al recibir la orden de girar los fondos asumió que todo estaba en orden y procedió a firmar la transferencia mientras que la Contraloría había otorgado un plazo de tres días para que los implicados respondieran.
EQUIPO DE FÚTBOL SE DESLIGA
A través de un comunicado de prensa el equipo Santa Ana Fútbol Club aclaró que los allanamientos que realizó el OIJ no tenían nada que ver con la organización ni la administración.
“La acción policial obedece con la administración de cuando el equipo se llamaba Municipal Santa Ana”, indicaron en el mensaje.
DIARIO EXTRA intentó conversar con Juan José Vargas, actual alcalde de la Municipalidad de Santa Ana, sin embargo, para el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
Estos operativos robaron las miradas de algunos lugareños, los cuales expresaron al Periódico del Pueblo que estas acciones no deberían de estar ocurriendo dentro de los gobiernos locales.
“Se escuchaban muchos rumores e inclusive ya había visto algo, pero si él está involucrado y los otros, ojalá que se llegue a algo bueno y esperando que no quede impune, porque aquí en Costa Rica las leyes son demasiado suaves”, expresó Beatriz Rodríguez, vecina de Santa Ana.
Por otra parte, Amalia Steller, lugareña de ese cantón, afirmó que estaba sorprendida que un funcionario estuviera involucrado en ese tipo de cosas.
“Yo conozco el tema, en apariencia el equipo de Santa Ana tenía una deuda con la Caja y a través del Comité de Deportes sacaron un dinero para pagar esa deuda, pero de acuerdo a lo que se habla de esa ley no se puede hacer eso. Hasta donde yo sé la causa siguió”, explicó José Luis Céspedes, vecino del lugar.
DIARIO EXTRA habló con Rodrigo Campos, criminólogo y sociólogo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para ampliar el tema y explicó que, cuando ocurre este tipo de delitos, quienes los cometen no lo hacen para obtener más dinero. “Lo hacen para obtener poder y la capacidad de incidir en otras personas, además, el daño es sumamente grande, por eso es que ocurre este tipo de delitos en instituciones públicas”, indicó.
Para el experto, quienes resultan culpables de estos actos también tratan de burlar los mecanismos de control ya existentes y así obtener ganancias. Además, considera que se habla poco del tema de delitos de cuello blanco en el país, no obstante, indica que es delicado, porque si esto no se visibiliza puede haber retrocesos.