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De noviembre de 2016 a abril de 2017 la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo dejó de pagar ¢97,6 millones a pensionados fallecidos porque varios cementerios, tanto públicos como privados, remitieron a tiempo información de personas que fueron enterradas, lo que ayudó a detectar cuáles son beneficiarios, lo cual frenó el depósito de dineros a las cuentas bancarias.
El año anterior se realizó vía decreto una modificación al Reglamento General de Cementerios en el que se detalló que cada 15 días los camposantos del país debían remitir información de los registros de funerales efectuados.
El objetivo de dicha reforma es detectar en tiempo el nombre de beneficiarios que han muerto e ir conformando una base de datos, a fin de disminuir las sumas que se giran de más en pensiones a fallecidos, pertenecientes a alguno de los 16 regímenes con cargo al presupuesto nacional.
Reportes de Trabajo apuntan a que a abril anterior se reportaron 203 beneficiarios fallecidos.
Hasta el momento 87 camposantos, distribuidos en 24 municipalidades en todo el país, así como 12 juntas administradoras y 5 cementerios, han suministrado información al Ministerio de Trabajo.
Datos de la Contraloría General de la República revelan que en 2016 la DNP giró más de ¢2.142 millones de más a beneficiarios fallecidos, suma que aumentó respecto a 2015, cuando se pagó ¢1.969 millones de más.
EL PRO Y EL CONTRA
Juan Alfaro, viceministro del Área Social del Ministerio de Trabajo, reconoció que si bien se frena el pago por la información que envían los camposantos, también se detectan inconvenientes con el suministro de documentación de varios cementerios porque, entre otros, hay administraciones que no saben usar el Internet, lo que han afecta la creación de la base de datos.
“Hay reportes de cementerios con los que nos hemos topado en que desde que se aprobó la reforma a hoy se han evitado alrededor de ¢100 millones en pagos de pensiones a personas fallecidas porque los cementerios nos han informado incluso dos días después del funeral de la persona”, declaró.
Alfaro agregó: “Tenemos contacto con bastantes, el problema es que son administrados por municipalidades y algunos ayuntamientos las ceden a juntas administradoras y nos hemos topado de todo.
El reglamento definió una forma de suministrar la información que es vía correo electrónico, pero nos hemos topado con algunos cementerios a los que llamamos, los cuales nos piden que mejor les demos la información por teléfono porque no saben usar un correo electrónico.
Hay de todo, pero estamos tratando de hacer esfuerzos grandes para que la base de datos se vuelva más sólida y que la información que nos llegue sea mayor”.