Más de 181 negocios se cerraron en lo que va del año. Sin embargo, el caso de DIARIO EXTRA es el único al que se ha hecho mención en la tradicional conferencia de prensa del Consejo de Gobierno.
La cartera incluso se tomó la atribución de enviar un comunicado a los medios de comunicación mientras aplicaba el cierre, un procedimiento atípico por parte de la administración.
En este no se mencionan los otros 11 negocios a los que ese día se les estaba realizando el mismo procedimiento. La pregunta es ¿por qué?
El Código de Normas y Procedimientos Tributarios exige un principio de confidencialidad que parece haber sido obviado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pero específicamente para el caso de El Periódico del Pueblo.
¿Vuelve a pecar, como lo hizo con el BCT y el supuesto caso del megafraude fiscal? Lo único que hay en común es que ambos procesos de una u otra manera salpican a un medio de comunicación.
Un ministro de Hacienda no debe inmiscuirse en las labores de la Dirección General de Tributación y por tanto no debería conocer ni referirse al trasfondo de los casos. No es algo propio de sus funciones.
Volviendo al tema, aquí no tenemos nada que ocultar. ¿Tiene DIARIO EXTRA una deuda con Tributación? La respuesta es no, tampoco con ninguna institución del Estado.
Sin embargo, para Acosta resulta fácil decir que hay que separar la parte administrativa de la del pago de los impuestos, dejando una nebulosa en la opinión pública, que daña la imagen de una empresa que está haciendo las cosas bien.
Esta es la primera vez, al menos en los últimos 30 años, en que un medio de comunicación se ve obligado a dejar de publicar noticias a raíz de una acción ejecutada por una institución de gobierno.
Los tributaristas llevan razón cuando dicen que esta es una medida que no tiene fines recaudatorios. Cerrar una empresa que está al día con sus obligaciones tributarias es como dispararse en el pie.
La propia viceministra de Ingresos, Priscilla Zamora, reconoció que es un tema más “ejemplarizante”, previsto en un código que no se reforma desde hace 11 años.
Más grave aún es que Hacienda haya desoído un mandato del legislador y pretenda aplicar sanciones, omitiendo su responsabilidad en la falta de publicación de un reglamento.
¿Puede atribuirse tantas potestades basándose en un principio de discrecionalidad? ¿Dónde queda el derecho de defensa del contribuyente o debe callar ante el riesgo de nuevas sanciones?
No solo creemos en el pago de impuestos, sino que lo defendemos, pero las acciones tributarias deberían enfocarse en elevar la recaudación y no utilizarse como una forma de ataque a empresas que hacen bien las cosas.
La represión no es sana en una democracia. No podemos hablar seriamente de evasión fiscal cuando Hacienda ni siquiera sabe a cuánto asciende y cuando no hemos visto la presentación de un plan para bajarla por parte de esta administración.