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Los diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.631, justamente una reforma al estatuto civil para que las personas que aspiren a ser docentes deban aprobar un examen de idoneidad.
Esta modificación obliga que el aspirante a profesor o maestra deberá aprobar primero esta prueba para ingresar a la carrera.
El liberacionista Wagner Jiménez, uno de los impulsores de la ley, mencionó que “el proyecto cuenta con el aval del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Dirección General de Servicio Civil, el Estado de la Nación y representa una transformación para asegurar que en los próximos años los nuevos docentes del país cuenten con conocimientos y habilidades reales y de esta forma garantizar la idoneidad profesional en el MEP”.
Recientemente, el Sétimo Informe del Estado de la Educación señaló una serie de carencias y deficiencias que reflejan debilidades en la formación de los docentes en Costa Rica.
Por ejemplo, revela grandes retos pendientes en tres ámbitos principales: la preparación para la docencia; la contratación e inducción; el desempeño docente y su desarrollo profesional.
La mayor parte de los profesores contratados tiene serias debilidades en su formación inicial y la oferta de capacitación del MEP no ayuda a corregir los defectos.
El estudio menciona además la ausencia de procesos de evaluación formativos para los docentes en servicio, lo cual impide identificar sus debilidades y establecer mecanismos de apoyo para su oportuna atención.
Con estas pruebas los próximos educadores costarricenses acreditarán sus conocimientos y destrezas, esa será la única forma en que se garantizará la idoneidad profesional de los servidores que estarán a cargo de la formación de los niños, jóvenes y adultos.
Y con el respeto que merecen miles de educadores, a quienes hemos llamado el ejército de Costa Rica, pues este país optó por las aulas y los cuadernos, no por las armas ni las guerras, hay serias falencias en la preparación de la que son objeto.
Este proyecto reconoce que el corazón del sistema educativo son nuestros niños y jóvenes, por ellos cada esfuerzo por la excelencia vale la pena, explicó la diputada Yorleny León. Mucha razón, pues no pude ser posible que en un país con una educación gratuita y obligatoria la calidad deje mucho que desear y ponga en riesgo el futuro de las generaciones.
Veamos datos sumamente alarmantes dados a conocer hace menos de un año por parte del Estado de la Nación: “La matrícula de preescolar sigue estando lejos de alcanzar a la totalidad de la población, el 93% de las escuelas del país no cuenta con currículo de primaria completo y al 74% de los maestros de esta modalidad educativa no le gusta ni leer ni fomentar el hábito de la lectura en los menores”.
Agrega el estudio que “en secundaria, el 8% de la población que debería asistir al tercer ciclo se encuentra fuera del sistema y un 23% de quienes deberían estar cursando la educación diversificada se encuentra fuera de las aulas”.
Ya es bastante preocupante leer esas conclusiones, pero el Estado de la Nación recalcó que “la cobertura universitaria no creció nada en los últimos 10 años y que el 60% de los programas de estudios lleva una década sin actualizarse”.
Esas manifestaciones de los investigadores no provocan otra cosa que desesperanza, temor y hasta dudas del sistema educativo, del papel del MEP como ente rector de la educación en el país.
Pero no menos preocupante y lo que lleva a los diputados a buscar una forma de fiscalizar a los docentes y su preparación, que debe ser revisada con lupa, es el papel del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) siendo el órgano que autoriza la creación de universidades, apertura de carreras, modificaciones y además se supone hace inspección para garantizar que se cumplan las condiciones básicas aprobadas.
Pero cuando somos testigos del decaimiento de la calidad profesional de muchos docentes, es inevitable cuestionar cuál ha sido la función rigurosa de este órgano, cómo supervisa a los entes privados, sus carreras y planes de estudio.
El Estado de la Nación reveló que hay universidades con mallas curriculares arcaicas, ¿qué hace el Conesup si es el supervisor de estos temas?
Y en el caso del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), que es el órgano oficial de acreditación de la educación superior universitaria y parauniversitaria del país, ¿cuál es su aporte, pues la mayoría de estas casas de enseñanza no tiene carreras acreditadas y eso habla por sí solo?
Los docentes deben ser evaluados, la educación de nuestros niños y jóvenes no puede quedar en manos de personas poco preparadas y lastimosamente eso es una realidad.
La labor de la docencia es insigne y por ende debe ser sometida a fiscalización continua, que el MEP no se molesta en realizar.