
El consumo y distribución de vapeadores en centros educativos dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una realidad cotidiana y cada vez más organizada.
Profesionales en Orientación advierten que algunos estudiantes están reproduciendo estructuras similares a las del crimen organizado para introducir y vender estos dispositivos dentro de los colegios.
José Miguel Chavarría, representante del Colegio de Profesionales en Orientación y especialista en Ciencias Criminológicas, explicó que se han detectado roles definidos entre estudiantes, como cabecillas que coordinan acciones, distribuidores internos y “campanas” que alertan sobre la presencia de autoridades.
“Incluso esconden los vapeadores en cielos rasos o tanques de baño para evadir controles”, señaló.
Datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) revelan que el 65% de los casos detectados corresponden a población masculina y que los estudiantes de sétimo año son los más vulnerables, debido a la transición hacia la secundaria.
Además de los riesgos de adicción y daño pulmonar, se reportan disputas por “control territorial” y conductas desafiantes hacia las figuras de autoridad.
Aunque la Ley 10066 regula estos dispositivos desde hace cuatro años, la falta de capacitación y la ausencia de protocolos actualizados dificultan la respuesta institucional.
“No basta con tener la normativa escrita. Se requieren capacitaciones continuas, alianzas con las familias y acciones coordinadas”, enfatizó Chavarría.
El Colegio de Profesionales en Orientación (CPO) insta a las autoridades y a los hogares a actuar de forma conjunta para contener una problemática.