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La Sala Constitucional admitió para estudio una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica (CBF) contra la Ley 10.889 “de Protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero”. Entre los principales puntos, se cuestiona que el texto aprobado sufrió varios cambios en el contenido de la propuesta, pasando de tres artículos en su presentación a 15 para el momento en que fue aprobado.
Además, alegan que a las entidades bancarias no se les consultó su perspectiva con respecto a los ajustes realizados.
“La Cámara de Bancos no está en desacuerdo con el objetivo sustancial de la Ley, pero sí con la tramitación que se dio al proyecto de ley, pues se considera que fue atropellado, que no respetó los principios democráticos de transparencia y de participación”, indicó Luis Ortiz, asesor legal de la CBF.
También mencionan que el debate se debió dar en el Plenario de la Asamblea Legislativa, en lugar de las Comisiones Plenas, ya que esto limitó la participación de los diputados.
Protección a usuarios
La Ley establece un nuevo régimen de responsabilidad para las entidades financieras, ya que se invierte la carga de la prueba. El cambio significa que, si un costarricense sufre un fraude electrónico, ya no debe probar la negligencia del banco, sino que la entidad financiera debe demostrar que sus sistemas son seguros y que actuó correctamente.
“Estos cambios impactan directamente a las instituciones financieras, aunque el reclamo se centra en la legalidad del proceso legislativo”, agregó Ortiz.
La Cámara solicitó a la Sala que se declare la inconstitucionalidad total de la Ley y que se valore suspender los efectos de la normativa mientras se estudia la acción.