Estos son los proyectos del PPSO para “fortalecer” la seguridad y la justicia

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó un paquete de siete proyectos de ley que incluye reformas para autorizar el uso de dispositivos Taser por parte de los cuerpos policiales, evitar que las personas prófugas se beneficien de la prescripción, permitir la extradición de costarricenses por delitos graves y “modernizar la administración del Poder Judicial”.

Una de las iniciativas pretende regular el uso de dispositivos de conducción eléctrica tipo Taser como una herramienta de fuerza intermedia para proteger la vida y la integridad de los oficiales y de las personas intervenidas.

El proyecto permitiría utilizarlos únicamente ante una amenaza activa, resistencia violenta o cuando sea necesario evitar lesiones graves. Además, prohíbe su aplicación como castigo o tortura, contra personas sometidas o de manera injustificada y contempla protecciones especiales para grupos vulnerables.

También establece capacitación obligatoria, el registro de cada utilización, auditorías, rendición de cuentas y controles institucionales sobre los dispositivos.

Otra propuesta, denominada ley para que nadie se beneficie de su propia fuga, plantea suspender el cómputo de la prescripción mientras una persona procesada o condenada permanezca prófuga o en condición de rebeldía.

Para ello, se propone reformar el Código Procesal Penal con el fin de detener el plazo de prescripción mientras el imputado esté en fuga, así como modificar el Código Penal para impedir que la pena prescriba durante ese periodo.

Extradición

El PPSO también presentó la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, anunciada previamente por la presidenta Laura Fernández, para permitir la extradición de costarricenses únicamente por delitos graves relacionados con el crimen organizado transnacional.

La lista incluye tráfico internacional de drogas, terrorismo y su financiamiento, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y armas, tráfico de órganos, tejidos y células humanas, sicariato, homicidios vinculados con organizaciones criminales, cibercrimen, ciberterrorismo y ciberfraude.

Otra reforma constitucional busca adicionar dos párrafos al artículo 24 para incorporar expresamente el derecho a la autodeterminación informativa, de manera que toda persona pueda controlar el uso y tratamiento de sus datos personales.

En materia de convivencia social, la bancada presentó la iniciativa “Actividades con empatía”, una ley especial para regular la pólvora sonora y proteger la salud de las personas, el bienestar de los animales y el ambiente.

El texto clasifica la pólvora según el nivel de ruido, prohíbe la importación y venta de productos de alto impacto sonoro y establece zonas protegidas, horarios, mecanismos de fiscalización y sanciones.

“Creo que a veces necesitamos este tipo de leyes porque no podemos olvidar que vivimos en sociedad. Todos necesitamos ser empático”, manifestó la diputada Katia Mora Montoya.

Cambio de elección de magistrados

El paquete incluye además una propuesta de modernización del gobierno judicial, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia concentraría sus labores en las funciones jurisdiccionales, mientras que el Consejo Superior asumiría tareas administrativas.

Según la explicación brindada por la fracción, la iniciativa también busca mejorar los sistemas de nombramientos sin afectar la autonomía del Poder Judicial.

Finalmente, el PPSO impulsa una reforma para trasladar íntegramente a la Asamblea Legislativa el procedimiento de convocatoria, evaluación, selección y nombramiento de los magistrados suplentes. Las entrevistas a los candidatos también quedarían en manos del Congreso.

“De verdad y reitero siempre un interés político que las reglas estuvieran claras para poder efectivamente nombrar conforme a parámetros políticos más técnicos”, señaló la diputada Marta Esquivel.

“El que no esté a favor de estas reformas no está a favor de Costa Rica”, afirmó Mora durante la presentación de las iniciativas.