Esto no es justicia social, es desorden institucional

Natalia Díaz Quintana

Candidata presidencial de Unidos Podemos

Esta es la realidad que nadie quiere enfrentar, la que la gente comenta en voz baja. Los hospitales del país están atendiendo miles de personas indocumentadas sin control, sin trazabilidad y sin saber quién paga la cuenta.

No se trata de negar la atención médica, nadie con un mínimo de humanidad lo haría, pero sí de exigir orden, responsabilidad y respeto por los costarricenses que todos los meses pagan la Caja, cumplen con sus obligaciones y sostienen el sistema.

Solo en el año 2024, en el Hospital de Alajuela se atendieron más de 6.000 emergencias y 219 partos a personas indocumentadas. En el Hospital de Cartago, 1.154 emergencias y 147 partos. En Upala, 1.096 emergencias y 80 partos. En San Vito, casi 800 emergencias y 88 partos.

Cada una de esas atenciones tiene un costo. Cada procedimiento implica medicamentos, quirófanos, laboratorios, insumos, personal médico y horas de hospitalización. Son miles de millones de colones que se acumulan sin registro ni control. Y lo más grave es que esas facturas terminan siendo pagadas por el Estado, es decir, por los impuestos de los mismos emprendedores y empresarios que la CCSS persigue cuando no están al día. Y cuando se le pide a la Caja que calcule cuánto cuesta toda esta atención, la respuesta es siempre la misma: “no hay sistema para hacerlo”. Ni los hospitales pueden facturar, ni Migración coordina, ni el OIJ tiene trazabilidad de a quiénes se está atendiendo. No existe comunicación institucional, ni mecanismos para verificar antecedentes judiciales, ni alertas internacionales activas.

Eso no solo es un problema financiero, es también un problema de seguridad nacional. Atendemos a miles de personas sin saber quiénes son, sin revisar si tienen causas pendientes, sin confirmar si enfrentan órdenes internacionales de captura.

El propio Hospital de Ciudad Neily reconoció que no hay coordinación con Migración ni con el OIJ, y que los hospitales actúan a ciegas. En el Área de Salud de Coronado, admiten que no pueden contabilizar los insumos ni los medicamentos usados porque los sistemas institucionales no lo permiten.

¿Dónde está la justicia en eso? El trabajador independiente, el pequeño empresario, la mujer jefa de hogar que paga sus cuotas cada mes, todos enfrentan a una institución que sabe cobrarles hasta el último colón, pero no sabe cuánto gasta atendiendo a quienes ni siquiera puede identificar. A los costarricenses que sí producen se les embargan cuentas, se les cierran negocios, se les cobran intereses y se les impide trabajar si tienen una deuda.

Yo defiendo el derecho a la atención médica en una emergencia, pero también defiendo el derecho de Costa Rica a tener orden, control y transparencia. El país necesita coordinación real entre la CCSS, Migración, el OIJ y el Poder Judicial, para atender con humanidad, pero también con responsabilidad, porque no se trata de cerrar las puertas, sino de saber quién entra, quién se atiende y quién paga.

Y al que le parezca que esto está bien, le hago una invitación sencilla, que se acerque a la Caja y pague la cuenta. Porque alguien la está pagando y hoy ese alguien es el costarricense que trabaja, que produce y que sostiene un sistema que ya no aguanta más.