Este miércoles, a las 8:30 de la mañana, está programada la audiencia de medidas cautelares contra 8 miembros y exmiembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ha solicitado la implementación de varias restricciones que se conocerán durante la audiencia.
Según externaron los abogados, la Fiscalía estaría pidiendo la suspensión de los imputados como miembros de la junta directiva, así como un impedimento de salida del país y la obligación de firmar una vez al mes en la FAPTA. También se requiere que no tengan contacto con testigos y que se les prohíba conocer cualquier asunto relacionado con las licitaciones bajo investigación.
Es importante recordar que estas personas fueron puestas en libertad ayer en horas de la noche, ya que el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva. Sin embargo, deberán presentarse este miércoles en el juzgado para la continuación de la audiencia, donde se conocerán los alegatos de la defensa técnica de las 8 personas.
La FAPTA ha atribuido a los sospechosos la presunta comisión de delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
En total, se han solicitado medidas cautelares por un plazo de 6 meses, que incluyen impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firma mensual en la FAPTA, prohibición de conocer asuntos relacionados con las licitaciones bajo investigación y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Adicionalmente, la fiscalía pide la suspensión del cargo para Marta Esquivel, como también para los otros imputados de apellidos Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez por el mismo período.
¿Por qué son investigados los altos funcionarios y exfuncionarios de la CCSS?
Los funcionarios figuran como sospechosos por los aparentes delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública, tráfico de influencias y prevaricato.
Dicha investigación habría dado inicio a principios de 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y, a su vez, realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) del país.
“Lo anterior se dio pese a un estudio financiero elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, donde se indicaba que los precios de las ofertas presentadas eran excesivos, pues significaban un aumento aproximado del 33%, por lo que le saldría más costoso a la institución brindar el servicio, y esto no se apega al principio de menor costo, que faculta la contratación de terceros para brindar el servicio de salud”, añadió el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La Junta de Adquisiciones de la CCSS brindó recomendaciones y declaró como infructuosa dicha contratación. Los imputados, a sabiendas del perjuicio económico que sufriría la institución, aparentemente procedieron a aprobar dichos contratos y dejaron de lado los criterios técnicos.
Debido a estas aparentes irregularidades, las autoridades desarrollan varias diligencias en San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas, donde se pretende decomisar evidencia de relevancia para esta investigación
