La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que recibió la alerta migratoria emitida por el Ministerio Público contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo; sin embargo, cuestionó que el documento reúna los elementos necesarios para ser considerado una alerta.
Omer Badilla informó que la comunicación fue remitida por Edith Morera, fiscal adjunta de la Fiscalía General de la República.
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“Nos llama poderosamente la atención porque esta alerta, desde nuestra perspectiva, no reúne ni contiene los elementos necesarios para considerarla como una alerta. No obstante, tenemos que ser respetuosos y anotarla”, manifestó.
Badilla también cuestionó que el documento solicite informar si Cisneros pretende ingresar o salir del territorio nacional, pues asegura que la Policía Profesional de Migración no puede determinar las intenciones de una persona.
“¿Cómo nosotros podemos saber cuáles son las intenciones de doña Pilar? No podemos llegar al punto de investigar si tiene interés en salir o, si está fuera del país, regresar a Costa Rica”, expresó.
El funcionario afirmó que es la primera vez, durante su gestión en Migración, que recibe un documento con esas características.
Además, puso en duda que se utilice una alerta migratoria para localizar a una persona que no ha podido ser citada en su vivienda ni por vía telefónica.
“Que la Fiscalía me venga a decir que le cuesta ubicar a una persona para notificarla me deja muchas dudas del actuar”, señaló.
Badilla incluso planteó la posibilidad de que la herramienta se esté utilizando como un instrumento de “represión política”, aunque aclaró que será el Ministerio Público el que deberá explicar el alcance y las razones de la medida.
La Fiscalía confirmó previamente que necesita citar a Cisneros para que rinda declaración indagatoria, pero indicó que no ha logrado localizarla en su casa ni mediante su teléfono.
El Ministerio Público aclaró que la alerta no solicita informar cada entrada o salida del país de la exlegisladora y que el caso no está en manos del fiscal general, debido a que ninguna de las personas vinculadas actualmente cuenta con inmunidad.
