Estiman pérdidas de $6,7 mills. por generación distribuida

La generación privada de energía nuevamente vuelve a ser foco de polémicas.
Los diputados oficialistas Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza hicieron una petición al presidente Carlos Alvarado para que no avale la aprobación de un reglamento que se encuentra en trámite en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para estos fines.
Hay que recordar que aún se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley 22.009, que regularía la Generación Distribuida en el país.
Con ello se permitiría que las personas puedan producir su propia energía con base en recursos naturales e inclusive la posibilidad de comercializarla.

DUDAS

En el documento, los legisladores comentan que analizan posibles “beneficios indebidos” que se estarían presentando con la aprobación del reglamento, creando un perjuicio de $6,7 millones aproximadamente.
“Dado que promueve que los usuarios de mayor poder adquisitivo (residencial, comercial e industrial) instalen su propia generación de electricidad y dejen de aportar a los costos fijos que tiene el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), pero que sigan conectados a la red de distribución recibiendo beneficios”, cita la carta.
Esta posición es similar a la que han venido denunciando algunos otros sectores como la Cámara de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet).
Los comerciantes de este grupo advierten que, con la aprobación, se abriría un portillo para el aumento en el precio de la electricidad, ya que muchos usuarios dejarían de aportar solidariamente, recargando esos costos en los demás clientes.
Ellos también apelaron a que el uso del SEN lo estarían haciendo sin aportar un solo colón a su mantenimiento.
“La solidaridad antes mencionada se ha podido llevar a cabo porque la mayoría de los costos de brindar electricidad se trasladan en las tarifas como costos fijos que se reparten entre todos los usuarios, para efectos que las inversiones requeridas de llevarle la electricidad a una familia en Talamanca las paguemos entre todos los usuarios”, ejemplifica el documento.

70 AÑOS

Precisamente, los legisladores destacan que el modelo con el que Costa Rica brinda el servicio eléctrico a nivel nacional tiene más de 70 años de estar en funcionamiento y aluden a que eso habría permitido llevar luz a casi la totalidad del territorio costarricense.
El documento también cuenta con una estimación basada en información de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), donde indica que ¢70 de cada ¢97 que pagan los usuarios por la electricidad corresponden a los costos fijos de generación y distribución.

PERJUICIO

Los diputados dijeron al Presidente que el reglamento podría finalmente afectar a una gran mayoría de usuarios.
“El Minae pretende que los generadores distribuidos, además de dejar de contribuir a los costos fijos antes mencionados, adicionalmente utilicen el Sistema Eléctrico Nacional para realizar ‘neteos’ de energía ruinosos para las empresas distribuidoras de electricidad y en consecuencia para los demás usuarios”, se argumenta en el escrito.
Según añade el análisis, a pesar de que el proyecto de ley elimina la forma en que se pagarían los “neteos” y generarían el beneficio indebido, el reglamento del Minae insiste en aprobarlos.
Finalmente, los diputados oficialistas le solicitan al Presidente que no firme el reglamento y se realicen los cambios necesarios.