¿Estaremos locos?

Aunque hay un debate en torno a si Albert Einstein la dijo o no, la frase no deja de ser poderosa: “La locura es hacer las cosas siempre de la misma manera y esperar un resultado diferente”. Desde este punto de vista nuestros políticos están locos. No solo los que nos han gobernado en los últimos cuarenta años, sino que también los que hoy nos gobiernan.

Cada vez que hay una crisis fiscal nos aplican la misma receta: más impuestos a cambio de un compromiso de “racionalizar” el gasto, y cada vez que llegan recursos frescos a las arcas del estado los políticos de turno se sienten empoderados para congraciarse con los grupos de presión y gastar tanto lo que tenemos como lo que no tenemos, es por ello que no podemos olvidar el último gobierno de Oscar Arias, ni mucho menos el anterior gobierno, que ignorando la crisis fiscal que se avecinaba, decidió continuar gastando a manos llenas.

Es claro que toda la responsabilidad no se le puede achacar a estos dos gobiernos, pero no hay duda de que es una responsabilidad compartida por todos los que nos han gobernado y, aunque cueste aceptarlo, también es responsabilidad del resto de la ciudadanía por haberlo permitido, por no haber golpeado la mesa con fuerza desde que los políticos y los sindicalistas empezaron a vaciar, de manera legal, las arcas del estado.

Pareciera que nos hicimos los tontos, o que no nos importó, pero ¿quién es el Estado? El Estado somos todos. ¿De dónde sale la plata para pagar el despilfarro, los pluses, los beneficios desmedidos y las pensiones de lujo? 

De todos nosotros, de nuestros impuestos. Es nuestra responsabilidad no haber llamado a cuentas a nuestros gobernantes.

En frente de nuestras narices se repartieron nuestro dinero y no hicimos nada al respecto. En el país del Pura Vida no nos importó que nuestros impuestos no se utilizaran para generar las condiciones para impulsar el desarrollo del país. En los últimos cuarenta años nuestro dinero se ha utilizado para pagar pensiones de lujo, pluses y beneficios a los que no tenemos derecho, pero sí la obligación de pagar por ellos.

En los últimos años hemos gastado más que nunca en educación y en la lucha contra la pobreza, para nuestros políticos estos programas son intocables y así debería ser. El problema es que no hay rendición de cuentas, una parte importante del gasto se queda atrapada en mantener el aparato burocrático, mientras que los resultados del país en las Pruebas Pisa son cada vez más malos y no hay manera de reducir la pobreza por debajo del veinte por ciento. Tal pareciera que lo importante es el gasto, no la calidad de éste. 

Es más, si como país nuestra tasa de reproducción viene disminuyendo, lo cual implica que cada vez habrá menos estudiantes, ¿por qué tenemos que seguir aumentando el gasto en educación? Porque nuestros políticos se han comprometido con lo imposible y hoy la realidad nos está tocando a la puerta.

No hay manera de resolver el déficit fiscal únicamente por el lado de los ingresos. Nuestros políticos lo saben, pero la verdad es que no tienen las agallas para reformar el gasto. Es muy fácil repartir plata ajena y otorgar beneficios que no son sostenibles, para eso nos sobran políticos dispuestos a dar la cara. Sin embargo, para decir que no se puede, que es injusto continuar cargándole al pueblo más impuestos para continuar derrochando, de esos políticos prácticamente no hay y los pocos que hay no son escuchados.

Tristemente, ningún partido político con representación en la Asamblea Legislativa está en una cruzada, no contra más impuestos, sino contra el verdadero problema de nuestras finanzas: el gasto público.

¿Adónde está el partido político dispuesto a negociar impuestos, que nos guste o no tendremos que aceptar, a cambio de eliminar las pensiones de lujo, los pluses salariales desproporcionados, a eliminar duplicidades en el sector público, a que exista una verdadera rendición de cuentas, a promulgar leyes para castigar el despilfarro y tantas otras cosas que se requieren para ajustar nuestras finanzas?

Yo no acepto el cuento de que los derechos adquiridos son más sagrados que los Diez Mandamientos, pero si no se pueden eliminar los vigentes, por lo menos deberían acabarse, de una vez y para siempre, de aquí en adelante.

La mejor manera de negociar un plan fiscal es dándole una señal clara a la ciudadanía de que nuestros impuestos nunca más serán utilizados para privilegiar a unos pocos.

Si como ciudadanos estamos esperando que los políticos arreglen el tortón en el que nos metieron, estaremos haciendo lo mismo y esperando un resultado diferente, en otras palabras, estamos locos.