Después de conocerse que Erick Torres fue sancionado dos años por dopaje, la pregunta de muchos fue por qué recibió un castigo más fuerte que en su momento Orlando Galo (un año) si ambos dieron positivo a la misma sustancia (Clostebol).
Juan Carlos Retana, abogado del jugador mexicano, dijo que la diferencia entre ambos casos fue que el de su representado lo manejó la Comisión Nacional Antidopaje (Conad), mientras que el de Galo estuvo en manos de la FIFA.
El expresidente del Herediano apuntó que en el país las personas encargadas de llevar estos procesos están menos capacitadas.
“Estás hablando de gente mucho más preparada y acostumbrada, es gente que sabe de fútbol, sabe cómo se trata, cómo actúan los médicos y cómo son las curaciones. Es otro tema.
Aquí estás hablando de gente que está ad honorem, no necesariamente son especialistas. Cuando tienes a un abogado que hace un criterio médico estamos en problemas”, afirmó Retana.
Para Juan Carlos Baldizón, presidente de la Conad, las palabras de la contraparte no tienen validez y aseguró que en el ente se capacitan con los más altos estándares.
“No vamos a entrar en esa discusión. Lo que sí podemos decir es que la institución y el Icoder invierten muchísimo en capacitarnos tanto a la Conad, mi persona y los jueces.
Estamos en el mismo nivel que la FIFA y la UCI. Todos trabajamos en lo mismo y acudimos a los mismos seminarios y capacitaciones. Eso no es válido y no es de recibo por parte de esta comisión”, respondió.
GARANTIZÓ
DEBIDO PROCESO
El jerarca agregó que durante la investigación se respetó el debido proceso para las partes y que en ningún momento el ente pretendió perjudicar al futbolista.
“El debido proceso se ha garantizado plenamente. Estamos satisfechos porque hemos cumplido con eso y es la responsabilidad que tenemos como Comisión Nacional Antidopaje.
Nosotros aplicamos la ley, aplicamos la normativa, independientemente del jugador, sea élite o amateur. No tenemos ninguna distinción en ese sentido”, agregó Baldizón.
Erick “El Cubo” Torres tendrá 21 días para apelar la resolución en su contra a partir del momento en que reciba la sentencia por escrito. El castigo del mexicano finaliza el 25 de enero de 2026.