El Gobierno de Costa Rica pidió perdón a Elena Téllez Blanco por haberle violentado derechos laborales y de equidad de género.
El acto de disculpa fue realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC).
En 1995, Téllez laboraba como “tía sustituta” en los albergues que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) destina a la atención de niños, niñas y adolescentes en condiciones de abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y discapacidad, entre otras.
Junto a otras “tías”, en 2003, la exfuncionaria denunció jornadas laborales que se extendían hasta por 24 horas, por 11 días consecutivos.
Además, acusó que atendía una cantidad de menores superior a la establecida en el Programa de Albergues.
A pesar de la situación, el Estado justificó la explotación laboral asegurando que Téllez tenía que proteger la situación de los menores de edad.
El caso fue elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual emitió un informe donde se admitía que las instituciones afectaron laboral y emocionalmente a la exfuncionaria.
Del mismo modo, se perjudicó la relación familiar de Téllez, puesto que, luego de que salía de sus extenuantes jornadas, regresaba solo tres días a su casa para atender a sus hijos
“Es una situación que se veía como normal solo por el hecho de ser mujer”, manifestaron desde el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI)
Finalmente, luego de años de buscar mejoras en sus condiciones laborales, doña Elena se vio obligada a renunciar para acogerse a la pensión y poder cuidar de su salud.
“En este acto y en representación del Estado, con humildad, reconocemos los actos y ofrecemos una disculpa pública.
Esperemos nunca más se vuelvan a acontecer este tipo de situaciones en Costa Rica”, dijo el vicecanciller de la República, Christian Guillermet Fernández.
“Desde el Poder Judicial pedimos disculpas por acciones y omisiones. Los temas no se pueden quedar en papel. No era una obligación pedir perdón, pero asumir este acto con humildad es una forma de reconocer nuestros errores y dar un enfoque más humano en el actuar de la función pública. Reiteramos nuestra disposición para hacer cambios en este tipo de temas”, secundó Patricia Solano Castro, magistrada y presidenta a.i. de la Corte Suprema de Justicia
De acuerdo con la CIDH, hay 155 funcionarias que siguen enfrentando condiciones similares.
“El trato fue excesivo y desproporcionado. Hubo estereotipos y afectaciones psicológicas en contra de la señora Téllez. El Estado no fiscalizó adecuadamente, no se garantizaron derechos laborales y perpetuó discriminación. Es un día histórico para Costa Rica y celebramos este tipo de medidas acatadas”, dijo Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la CIDH.