La Procuraduría General de la República presentó querella y acción civil resarcitoria en el expediente 21-000054-0621-PE contra la superintendente general de Valores (Sugeval), María Lucía Fernández, y otros cinco funcionarios por supuesto incumplimiento de deberes en el caso Aldesa.
El abogado del Estado indicó: “En cuanto al daño social derivado de hechos contra los deberes de la función pública, como el presente, se solicita se indemnice en la suma de ¢2 millones para cada uno de los demandados civiles de forma solidaria”.
Aclararon que, a esta determinación económica del daño social, deberán sumársele los intereses sobre esa cantidad como perjuicio y por ser consecuencia del daño producido. Se calculan desde el momento de realizados los hechos hasta su efectivo pago.
Además, se solicita que se reconozcan las costas de este proceso atribuidas solidariamente a los demandados civiles. Entre ellos se menciona a Castro Esquivel, González Aguilar, Segura Cano, Arias Hernández y Mata Solís.
Para el fiscal general a.i., Warner Molina, es claro que la Sugeval “no hizo el trabajo que le correspondía (…) No cumplieron con la función que debían, siendo la entidad llamada a controlar y supervisar e incluso autorizar las operaciones de algunos intermediarios bursátiles”, dijo durante una sesión de Corte Plena.
Este caso estaría por ir a audiencia preliminar en setiembre. El fiscal expresó que con la acusación se interrumpe el plazo de prescripción. Se encuentra en el Juzgado Penal de Hacienda y la solicitud de apertura a juicio se dio desde noviembre de 2019.
Hasta ahora, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ha alegado el principio de presunción de inocencia para mantener a Fernández en el cargo y ella a su vez aduce que cumplió a cabalidad con su trabajo, por lo que no ve motivos para renunciar.
Los inversionistas cuestionan cómo el regulador no se dio cuenta de que habría existido una mezcla entre los dineros de productos regulados y no regulados.
Para mayo de 2019, la Sugeval presentó una denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, señalando que Aldesa Corporación de Inversiones emitió presuntamente cheques sin fondos a Aldesa Puesto de Bolsa, entre abril y diciembre del 2018.