Alternativas para reducir gasto no se vislumbran a corto plazo
El Poder Ejecutivo debe pagar anualmente cerca de ¢13.341 millones para el alquiler de edificios que albergan oficinas y sedes de organismos públicos como ministerios, instituciones y consejos.
Esa es la suma que maneja el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), ente que impulsa la construcción de Ciudad Gobierno, recinto que eliminaría el pago de arrendamientos para al menos 16 carteras.
Según las estimaciones de este despacho, además de los contratos millonarios por ocupar estos espacios, el ahorro contemplaría rubros como servicios públicos, operación y mantenimiento, por lo que el dinero que se quedaría en las arcas del Estado resultaría mucho mayor.
“Esto no solo es un ahorro multimillonario, sino que además le facilita la vida al ciudadano que tiene que ir a hacer cualquier gestión, iría a un solo lugar y en ese lugar encontraría todas las entidades estatales. Nunca he tenido ni la más mínima duda de que eso hay que empujarlo cuanto antes”, expresó la diputada oficialista Pilar Cisneros.
Desde el inicio de su Administración, el presidente de la República Rodrigo Chaves ha insistido en la necesidad de abandonar los contratos de alquiler a terceros.
Durante el presente Gobierno, el Ministerio de Educación Pública (MEP) abandonó dos de las edificaciones que por años fueron alquiladas, dejando el edificio Raventós y el inmueble en fideicomiso con el BCT a tan solo dos meses de haber llegado Chaves a Zapote, en julio de 2022.
Asimismo, en mayo de 2024, el Ministerio de Hacienda anunció que dejaría de ocupar las instalaciones de La Llacuna, infraestructura ubicada en el costado noreste de la Plaza de la Cultura, en el corazón de San José centro.
Según argumentó el ministro de Hacienda Nogui Acosta en aquella ocasión, la decisión obedeció a un análisis costo-beneficio, por lo que ante el vencimiento de los contratos optaron por marcharse hacia otras instalaciones.
Proyecto inviable
En setiembre de 2023, la Contraloría General de la República (CGR) emitió una advertencia al Ejecutivo señalando que el proyecto estrella de la Administración era inviable puesto que no se podía aplicar el mecanismo de desarrollo que Casa Presidencial planteaba.
“No es posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles prevista en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para contratar de forma directa el objeto indicado por la administración, siendo lo procedente someterse a los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley”, explicó el ente contralor.
Según el análisis de la CGR, se pretende desarrollar la iniciativa en terrenos propiedad del Estado, donde el BCIE sería el encargado de diseñar, financiar, construir, alquilar, mantener y luego transferir al Gobierno de Costa Rica los edificios de la propuesta en cuestión.
Pese a que el Ejecutivo insiste en que eso es una interpretación, la contralora Marta Acosta reitera que la ley es clara y que “en democracia, la aplicación de la ley no es una opción, es una obligación”.
Ante esta situación, el Ejecutivo tomó la decisión de buscar una reforma al Artículo 67 por medio de la “Ley Jaguar”.
No obstante, todavía no se ve de forma tangible una alternativa que a corto plazo pueda satisfacer la necesidad gubernamental de albergar las instituciones.
Un breve repaso
Esta iniciativa no es propia de la Administración actual, el proyecto nació desde 2014 y cuenta con estudios de factibilidad por parte del Mideplán desde 2021.
Al revivir la proposición, Chaves gestionó un préstamo con el BCIE para su desarrollo, sin embargo, el mismo ministro de Hacienda explica que estos fondos solo representan un 30% de la estimación del costo total de la obra, que asciende a $450 millones.

Laura Fernández
Ministra de Presidencia
“Buscamos generar más beneficios para el país,
queremos eliminar en el mediano plazo la dependencia de alquileres de oficinas para 35 instituciones públicas”.

Pilar Cisneros
Diputada oficialista
“Tenemos 25 años de estar pateando la bola y de estar tirando a la basura 30 millones de dólares al año en alquileres, Ciudad Gobierno ayudaría a bajar esa factura”.