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El abogado Cristian Arguedas, defensor del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, sostuvo que el Estado costarricense ha cometido el equivalente a dos delitos en su contra, tras casi 25 años de proceso judicial.
De acuerdo con los abogados, la Sala Constitucional ha emitido dos sentencias que reconocen violaciones a los derechos fundamentales del exmandatario, como “Trato cruel y degradante al bajarlo esposado de un avión en medio de un operativo mediático”.
Además de “Violación al plazo razonable de juicio, pues el proceso ha permanecido abierto durante más de dos décadas sin una sentencia en firme”, según explicó Arguedas.
“El equivalente a un delito de una persona del Estado es violar derechos fundamentales, y eso ha pasado dos veces con don Miguel”, señaló.
También recordó que el exmandatario enfrentó prisión preventiva por el caso Alcatel, del cual fue absuelto, y calificó esa medida como una “pena adelantada e inmerecida”.
El Tribunal convocó el inicio del juicio para el próximo 1° de setiembre, donde la defensa reiteró que enfrentará las acusaciones confiando en la absolución final de Rodríguez.
Por su parte, el exmandatario calificó como una “tragedia” que, 24 años después de iniciada la causa Reaseguros, el proceso aún no tenga sentencia firme.
Dolor personal y críticas al sistema
Rodríguez expresó su preocupación por dejar sola a su esposa, la exprimera dama Lorena Clare Facio, quien atraviesa un delicado estado de salud.
“Hace menos de un mes tuvo un trasplante de cadera y otros problemas que le han afectado su movilidad. Yo he estado con ella día y noche, y ahora debo dejarla para venir a enfrentar un juicio abierto hace 24 años”, relató.
El exmandatario cuestionó la demora del proceso: “No es lógico que una persona de 85 años con una mujer enferma y con 62 años de matrimonio esté atendiendo un juicio tantos años después de iniciado, cuando la misma Sala Constitucional y este tribunal reconocieron que había un defecto absoluto en el proceso. Si es un defecto absoluto, no es subsanable”, manifestó.
Debate no pudo iniciar
El inicio del juicio sufrió varios atrasos por incidentes procesales. Entre ellos, la separación de imputados como Roxana Cordero, por motivos psicológicos; Cristóbal Zawadzki, por incapacidad médica; y Gilda Montes de Oca, quien falleció.
Además, el Ministerio Público recusó a la jueza Mercedes Muñoz Campos por presunta falta de imparcialidad. Sin embargo, la jueza rechazó el señalamiento, alegando que no se había pronunciado sobre el fondo del caso ni valorado pruebas.
Sobre el caso “Reaseguros”
El proceso judicial investiga supuestos pagos hechos en 2001 por empresas del Reino Unido a funcionarios del Instituto Nacional de Seguros (INS), con el fin de obtener contratos como compañías reaseguradoras de la entidad estatal.
El caso está relacionado con el presunto pago de $2,1 millones a la reaseguradora londinense PWS entre 1998 y 2002.