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Los constantes ataques entre los Poderes del Estado, la falta de diálogo para solucionar problemas, y la construcción de política pública que no da soluciones a los costarricenses, son parte de los factores que mantienen a la democracia nacional en “condiciones tóxicas” para el país.
Así lo advierte el más reciente informe del Programa Estado de la Nación 2025 (PEN), donde se detalla una serie de comportamientos que afectan a la institucionalidad del país, y que terminan alejando a los ticos de esta esfera política.
“En este momento hay condiciones muy tóxicas en el sistema que no favorece que la democracia pueda encontrar salidas, soluciones y respuestas; que al final es lo que la gente está demandando, lo que representa un riesgo mayor, sin duda”, comentó Ronald Alfaro, investigador del PEN.
El Informe Estado de la Nación 2025 alerta que la confrontación entre los Poderes de la República alcanzó su punto más crítico en décadas, producto de una estrategia de ataques sostenidos desde el Poder Ejecutivo.
La administración de Rodrigo Chaves “reconfiguró” las conferencias de prensa, que pasaron de ser espacios informativos a escenarios de confrontación política. Entre mayo de 2024 y abril de 2025 se registraron 464 alusiones directas a autoridades, instituciones y periodistas.
El punto más tenso ocurrió en marzo de 2025, cuando el Ejecutivo encabezó una marcha contra el Fiscal General Carlo Díaz, hecho sin precedentes en la historia política nacional.
El estudio advierte que esta dinámica ha derivado en un “control político invertido”, donde el Gobierno exige cuentas a otros Poderes en lugar de rendirlas.
Según Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación, “el debilitamiento de las relaciones entre estos actores compromete la estabilidad política y la posibilidad de generar mejoras en la calidad de vida de la población”.
El informe Estado de la Nación 2025 advierte que la administración Chaves Robles impulsa un proyecto político inusual en Costa Rica, enfocado en construir un movimiento alineado al mandatario con miras a la continuidad en el poder.
La estrategia se sostiene en tres pilares: la creación de una marca institucional con la fallida “Ley Jaguar”, la formación del nuevo Partido Pueblo Soberano (PPS) y la captación de alcaldías de otras agrupaciones.
Nueve jerarcas ministeriales renunciaron en 2025 para postularse por esta fuerza, y 15 alcaldes se sumaron al oficialismo, la mayoría fuera del Valle Central. Este impulso desde el Poder Ejecutivo ha provocado denuncias por violar normas sobre beligerancia política.
El sistema político costarricense muestra un fuerte deterioro en su capacidad para generar políticas públicas y acuerdos. El Informe del Estado de la Nación revela que la producción de leyes y decretos que mejoran la calidad de vida (progresivos) “se redujo a la mitad en la última década”, alcanzando su nivel más bajo en la administración Chaves Robles, con solo ocho leyes y siete decretos progresivos por cada texto regresivo (que empeora el desarrollo humano).
A esto se suma la inestabilidad del gabinete, con 29 salidas en tres años y la inédita vacante en el Ministerio de la Presidencia. Según Alfaro, esta decisión “profundiza el deterioro de sus relaciones con la Asamblea Legislativa”.
El documento advierte un creciente desinterés ciudadano y el colapso del sistema de partidos ante las elecciones de 2026.
Más de ocho de cada diez personas no se identifican con ninguna agrupación, y la participación electoral cayó al 60% en 2022, el nivel más bajo en casi siete décadas. La apatía es mayor entre jóvenes y sectores medios, y a esto se suma una oferta electoral fragmentada: en 2022 hubo 25 candidaturas presidenciales, pero solo 15 de 76 partidos lograron representación legislativa.
El debilitamiento de las bases partidarias y la polarización generan un escenario de inestabilidad y riesgos para la democracia costarricense.



