El Estado costarricense cuenta desde el 2012 con un Programa de Justicia Restaurativa que se convierte en una herramienta o “un medio de resolución alterna de conflictos y que contribuye a la solución judicial de conflictos penales con una mayor humanización”.
La Justicia Restaurativa implica un ahorro de recursos públicos de un 95% en relación con los casos tramitados mediante los procesos ordinarios. Un informe rendido en el 2014 por la dirección de Planificación del Poder Judicial de Costa Rica determina que un proceso penal ordinario tiene un costo para el Estado de ¢6.665.157 (seis millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y siete colones), y el proceso penal resuelto por Justicia Restaurativa sale en ¢339.998 (trescientos treinta y nueve mil novecientos noventa y ocho colones).
Además del ahorro de recursos el modelo de atención cumple con el principio de justicia pronta y cumplida; un caso tramitado mediante Justicia Restaurativa se resuelve al menos 24 veces más rápido que uno en sede penal ordinaria.
Según los datos del Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, a febrero de 2016 señalan que las personas que cometieron algún delito menor realizaron 117.534 horas de servicio comunitario, 16.450 de procesos socioeducativos, 1.277 de procesos terapéuticos, 37 meses de internamiento por adicciones y 92 millones de colones en donaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG’s).
La Justicia Restaurativa no es exclusiva de Costa Rica, este mecanismo de resolución de conflictos y restaurativo se desarrolla en Brasil, Colombia, México y Argentina.
En Costa Rica se aplica en el Primer Circuito Judicial de San José, Tercer Circuito de Heredia, Primer Circuito Judicial de la Zona Sur y Segundo Circuito Judicial de Limón.
Los beneficios en la aplicación de la Justicia Restaurativa será el tema que discutirán un grupo de expertos y estudiantes de derecho de la Universidad Hispanoamericana, mañana a partir de las 6:30 p.m.
De acuerdo con el programa los procesos aplicados con este instrumento jurídico duran en promedio un mes, a diferencia del aplicado con el instrumento ordinario, que tarda hasta dos años y le economiza al Estado 95% de sus recursos.
La actividad se realizará en el auditorio de la Universidad Hispanoamericana ubicada en el edificio principal del centro académico en Llorente de Tibás.