Estaciones vendían gasolina con sobreprecios o sin permisos

Una estación de servicio en Puntarenas comercializó combustibles a precios distintos a los autorizados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), mientras que otras dos continuaron operando sin contar con una concesión vigente, según revela el Informe de Evaluación de la Calidad de Combustibles Líquidos 2025.

Los hallazgos forman parte de 610 verificaciones efectuadas durante el año en estaciones de servicio de todo el
país. 

Aunque el informe destaca una mejora general en el cumplimiento regulatorio, con apenas un 2% de revisiones que detectaron irregularidades, Aresep identificó faltas relacionadas con precios, calidad del combustible, continuidad del servicio, cantidad despachada y prestación no autorizada.

La situación vinculada con los precios ocurrió en la Estación de Servicio Marina Yatch Club, en Puntarenas. Durante una fiscalización realizada el 7 de agosto de 2025, funcionarios de Aresep determinaron que el establecimiento incumplía la tarifa oficial de la gasolina superior, al vender cada litro en ¢666 cuando el precio autorizado era de ¢664. Además, se detectó que el diésel se comercializaba en ¢525 por litro, pese a que la tarifa oficial era de ¢557.

El informe también documenta dos situaciones de prestación no autorizada. Las verificaciones efectuadas en Trova Servicentro Zapote, en San José, y en la Estación de Servicio La Pacífica, en Curridabat, concluyeron que ambas operaban sin una concesión vigente al momento de las inspecciones. En la estación ubicada en Curridabat, la situación fue detectada en tres revisiones distintas realizadas entre abril y julio de 2025.

Aresep señala que este tipo de irregularidades forma parte de las obligaciones regulatorias que deben cumplir los operadores para brindar el servicio público de suministro de combustibles.

Pese a estas situaciones, Aresep concluyó que el desempeño general del sector mejoró respecto al año anterior. De las 610 verificaciones efectuadas, únicamente 12 registraron algún tipo de incumplimiento, frente al 2,5% de no conformidades reportadas en 2024. Cada irregularidad dio origen a gestiones regulatorias e informes técnicos que servirán de sustento para eventuales procedimientos administrativos sancionatorios.