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El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, aseguró que mantendrá una lucha frontal contra la corrupción dentro de los cuerpos policiales, luego de que cinco oficiales de la Fuerza Pública fueran despedidos sin responsabilidad patronal por presuntas conductas ilícitas.
“Hay un lema: Cero tolerancia. Ayer despedimos a cinco funcionarios nuestros, cuatro de Guanacaste y una mujer de la Zona Sur, que decidieron manchar el uniforme. Eso no lo vamos a tolerar”, manifestó el jerarca.
Campos afirmó que el principal enemigo de las autoridades es el crimen organizado y prometió continuar depurando la institución.
“Esta Policía la vamos a limpiar, ya que nuestro enemigo principal es el crimen organizado y vamos detrás de él”, agregó.
Supuesto robo de arma
Los despidos se tramitaron mediante dos expedientes disciplinarios analizados por el Consejo de Personal del Ministerio de Seguridad Pública.
El primero involucra a cuatro policías destacados en Santa Cruz, Guanacaste, quienes presuntamente ingresaron de manera ilegal a una vivienda y sustrajeron un arma de fuego en febrero de este año.
Los funcionarios también se encuentran suspendidos del ejercicio de sus cargos por una medida cautelar dictada dentro del proceso penal.
El segundo caso corresponde a una oficial destacada en Coto Brus, quien es investigada por supuestamente suministrar información telefónica a un presunto narcotraficante.
La funcionaria también cumple una medida cautelar judicial que le impide ejercer su puesto mientras avanza la investigación.
¿Qué dice la Ley?
El abogado especialista en derecho administrativo Carlos Campos explicó que un despido sin responsabilidad patronal debe sustentarse en alguna de las faltas contempladas en los Artículos 72 y 81 del Código de Trabajo.
Además, la institución debe exponer de manera fundamentada los hechos atribuidos a los trabajadores y explicar cómo estos configuran una de las faltas establecidas en la legislación.
El especialista aclaró que la decisión del Ministerio de Seguridad Pública no necesariamente constituye la última palabra.
Los cinco oficiales podrían acudir al Ministerio de Trabajo o a los tribunales para impugnar los despidos, solicitar el pago de prestaciones o procurar una eventual reinstalación, en caso de que consideren que la acción realmente no corresponda.
El ministro pidió a la ciudadanía denunciar posibles actos de corrupción policial mediante la línea 1176 o el correo electrónico [email protected].