
Las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sobre Nicaragua generaron debate luego de una entrevista concedida a la cadena internacional NTN24, en la que aseguró que los nicaragüenses tienen la forma de gobierno que “han elegido tener” y defendió mantener una relación cordial con el país vecino.
Durante la conversación, la mandataria fue consultada sobre cómo manejará las relaciones con Nicaragua, considerando los cuestionamientos internacionales hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por presuntas violaciones a los derechos humanos y restricciones democráticas.
Fernández evitó profundizar en la situación política interna nicaragüense y señaló que su administración continuará apostando por una convivencia respetuosa entre ambas naciones.
“Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica, Dios con todos. Ellos pues con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener”, manifestó la presidenta.
La jerarca destacó la relación histórica entre ambos países, así como los vínculos económicos y sociales que comparten debido a la migración y el comercio fronterizo.
Según indicó, Costa Rica mantiene una relación de vecindad basada en el respeto y aseguró que durante su gobierno esa dinámica continuará.
“Nosotros tenemos una relación armoniosa (con Nicaragua) dentro de lo que cabe y en mi gobierno seguirá siendo así”, afirmó.
Asimismo, señaló que Nicaragua mantiene estabilidad económica y realiza inversiones, por lo que consideró que las condiciones de vida de su población no son comparables con las que enfrentan actualmente los habitantes de Cuba o las que experimentó Venezuela durante su crisis más severa.
Pese a ello, reconoció que las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen siendo limitadas. Desde el 2018, Costa Rica retiró a su embajador en Managua en medio de la crisis política nicaragüense y, desde entonces, la representación costarricense permanece a cargo de un encargado de negocios.
Las declaraciones de Fernández provocaron reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y sociales, especialmente por el contexto de las denuncias internacionales contra el régimen nicaragüense por presuntas violaciones a los derechos humanos y cuestionamientos a los procesos electorales celebrados en los últimos años.
