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Una funcionaria que ocupa de manera interina el cargo de proveedora judicial fue suspendida de sus funciones por seis meses, luego de figurar como imputada en una investigación por presuntos delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.
La medida contra la mujer de apellido Esquivel fue ordenada por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, tras una audiencia realizada durante la noche de este jueves.
Además de separarla temporalmente del puesto, el juzgado le impuso firma una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a menos de 200 metros del Primer Circuito Judicial de San José.
También deberá abstenerse de comunicarse, amenazar o intimidar, directa o indirectamente, a los testigos relacionados con el expediente. Todas las medidas tendrán una vigencia de seis meses.
La FAPTA informó que la investigación, tramitada bajo el expediente 25-000239-1218-PE, se concentra en dos supuestas modalidades de contrataciones irregulares.
La primera estaría relacionada con adquisiciones y presuntos sobreprecios en obras y mantenimientos de mobiliario.
La segunda línea investigada corresponde a la presunta sustracción directa de fondos mediante anticipos ficticios de caja chica.
Las autoridades realizaron dos allanamientos como parte de las diligencias del caso, entre ellos una intervención en una oficina. La prueba decomisada durante los operativos quedó en manos de la Policía Judicial y será sometida a análisis para continuar con la investigación.