Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante la conferencia de prensa de los miércoles aseguró que se actuó de manera transparente en el proceso licitatorio que adjudicó 10 áreas de salud a cooperativas y asociaciones.
Esto después de que durante las últimas semanas diversos movimientos sindicales interpusieran denuncias ante el Ministerio Público y el Consejo de Gobierno para solicitar investigaciones por un supuesto sobreprecio que se habría advertido en el primer informe, en comparación con lo pagado en 2022.
“Todo el proceso se llevó a cabo con absoluta transparencia, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Contratación Pública, y utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Esta decisión se sustentó en el análisis exhaustivo de informes técnicos, financieros y legales, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la población”, agregó la funcionaria.
Esquivel defiende que esta situación garantizará el servicio a 589.138 personas, quienes son atendidas en 138 ebáis, los cuales corresponden a las áreas de salud Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, La Carpio-León XIII, San Francisco-San Antonio, San Sebastián-Paso Ancho, Desamparados 2, San Pablo y Barva.
“Por medio de este proceso destinaremos una inversión mensual de ¢3.929.628.164,72 para asegurar que la atención médica sea accesible y de la más alta calidad para las comunidades beneficiadas. Este proceso refleja nuestro compromiso con la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos”, afirmó la jerarca.
DENUNCIAS DE SINDICATOS
Tanto la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), como el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) reclaman que el excedente para la tercerización de estos ebáis es cuatro veces lo que se desvió en el caso Caja-Fischell, por eso alegan que estos montos se pudieron destinar a construir 80 centros de salud al año.
Según detalló en su momento Lenin Hernández, secretario general del Sinae, además de una denuncia en Fiscalía, se presentó una carta a Rodrigo Chaves, presidente de la República, solicitando que separara del cargo a Marta Esquivel, como jerarca de la Caja.
“Esta decisión se pudo haber tomado en abril de 2023, pero resulta ser que, a través de la junta directiva interventora se crea una comisión a dedo por el Consejo de Gobierno, hace un año atrás”, dijo.
Asimismo, la Auditoría Interna de la Caja también elevó una denuncia ante el Ministerio Público por este mismo tema.
Por su parte, Undeca recriminó que en el pasado, el Consejo de Gobierno armó toda una indagación que incluso provocó la destitución momentánea de los representantes del sector social, por el ajuste salarial de ¢7.500, por lo que ahora que se trata de una suma millonaria cercana a los ¢20.000 millones anuales deberían realizar una nueva investigación.
“Los informes técnicos advirtieron de sobreprecios de mano de obra por la que se pagan altísimos salarios a perfiles profesionales (¢5,6 millones), que superan hasta en un 100% los salarios en la Caja, diferencias en costos por alquileres, por materiales y suministros.
Adicionalmente, en el rubro de gastos indirectos hay también un costo de ¢4.236 millones que deberá pagarse a las cooperativas, como preaviso, licencias por defunción de familiar, por paternidad, matrimonio, lactancia, atención de actividades comunitarias, gastos de asamblea, transporte y pasajes de empleados, peajes, parqueos, horas extraordinarias y compensación de almuerzos, en los próximos 10 años”, fustigó Undeca.