Desde hace muchos años, se viene hablando de que en Costa Rica hay una gran crisis estructural por los problemas financieros que existen a raíz de que al menos el 41% del presupuesto gubernamental se va en remuneraciones.
Tenemos empleados públicos con una base salarial baja y, para compensarlo, se creó una serie de pluses que han crecido exponencialmente por años, sin control, e inflando el gasto público.
Jamás apoyaremos que el Estado pague salarios de hambre, pero debe existir un equilibrio que hoy no se da.
Es más, sobran los ejemplos de instituciones donde un oficial de seguridad, una secretaria o un chofer disfrutan de sueldos impensables para sus responsabilidades o labores.
Es precisamente por esta razón que la mayoría del pueblo vio bien la discusión del proyecto de empleo público que se inició durante la Administración pasada, sin embargo, como siempre existe un pero, ahora la preocupación es que a pesar de su aprobación las reglas para su implementación no están claras.
Quizá lo que más alarma a muchos es que faltan tan solo 3 meses para que entre en vigencia la ley y existen bastantes vacíos que hay que dilucidar antes de que deba ser aplicada, porque si no volveremos a lo mismo de toda la vida, según cada institución y su parecer, así se aplicará.
Y es que a pesar de que ya es algo más que discutido, muchos empezarán a hablar del tema de los derechos adquiridos y de que es injusto que se les vaya a dejar de pagar lo que se les ha pagado por años.
Bien lo ha señalado y explicado con claridad el abogado constitucionalista Rubén Hernández, cuando afirma que es falso que se violenten derechos adquiridos.
“Los pluses no constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas de derecho que pueden ser modificadas y eliminadas hacia el futuro sin violar derechos adquiridos”, aseveró sobre el tema.
¿Por qué no es un derecho adquirido? Porque los magistrados resolvieron, cuando los diputados preguntaron sobre este mismo tema en la discusión de la reforma fiscal que, si bien un empleado público puede tener 20 anualidades, la número 21 del próximo año podría ser eliminada ya que es una “expectativa” de derecho, es decir, algo que aún no ha llegado.
La primera en dar la voz de alerta y que en general debería ser escuchada es la Contraloría, esto porque esta institución ya lo aplicó entre sus funcionarios y lograron hacerlo con éxito, entonces deberíamos aprovechar su experiencia.
La principal preocupación se deriva de que, según el cronograma dado a conocer al ser aprobado el proyecto, para estas alturas ya debía existir un reglamento para que todos lo fueran conociendo y sacando las dudas de acá a la entrada en marcha.
Es importante ponerles atención a los hallazgos del informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la Preparación para la Implementación de la Ley de Empleo Público en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Debemos tener mucho cuidado con la puesta en marcha de esta ley, que este bien reglamentado y principalmente que tenga todo muy claro porque la idea no es que salga más caro el caldo que los huevos.
Se supone que esta ley se creó para ayudar a las finanzas del país por eso debemos hacer las cosas con cautela y que su implementación se dé bajo un reglamento claro.