Una vez más, el tema de la seguridad se pospone. La revisión de los proyectos quedará para enero debido a las vacaciones de los diputados, coyuntura que vuelve imposible hacerlo antes.
Había una sesión prevista, y la decisión de posponer la mesa de trabajo no fue de uno, sino de los tres Poderes de la República, haciendo todavía más difícil el entrar a dirimir las diferencias.
Será hasta el inicio del próximo año cuando tendremos una idea de si empiezan a aclararse los nublados del día. De lo contrario, los ticos deberemos esperar más para que llegue la seguridad.
La situación se presenta mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reporta un total de 857 homicidios en lo que va del año. Limón, San José, Puntarenas y Alajuela reportan la mayoría de incidencias.
Es probable que la mayor dificultad sea ponerse de acuerdo en cuanto a cuáles serán los proyectos a los que se debe dar prioridad y qué otros pueden quedan para después.
Si bien se dice que la Comisión de Narcotráfico sigue avanzando, lo cierto es que sin nuevas leyes será poco lo que se pueda hacer para enfrentar este flagelo.
Entretanto, resulta poco probable que, por llegar diciembre, los delitos vayan a disminuir. Habrá que ver si, por tratarse de esta época del año, las bandas criminales se dan una especie de tregua.
¿Qué proyecto es más efectivo? Eso forma parte del embrollo que tendrán que desenredar las autoridades políticas y judiciales, porque aquí no se trata de echarle la culpa a nadie, sino de avanzar.
Adicionalmente, una vez aprobada la ley hay que pasar por todo el trámite burocrático de publicación, y más aún si esta requiere de un reglamento, lo que hace que cada vez se torne más complicada su operatividad.
Cuando se ve todo esto, cabe preguntarse si realmente es la seguridad un tema prioritario como lo está pidiendo la población. Esto no se trata de señalar a uno u otro, porque las soluciones deben venir por parte de los tres Poderes.
La seguridad constituye el principal problema país, no importa para dónde se vea. Hay ajusticiamientos prácticamente todos los días en Costa Rica, ya no se trata de un cantón u otro. Esto es a nivel nacional.Quizá podría ayudar la posibilidad de tener más efectivos de Fuerza Pública en las comunidades, pero eso es misión imposible ante la falta de presupuesto.
La necesidad de Policía Municipal es una de las principales demandas de la población, pero también una deuda en la mayoría de cantones. Existen casos como el de Escazú, cuyos resultados son prácticamente ejemplares, y a las pruebas nos remitimos.
Bien lo dijo el presidente Rodrigo Chaves, seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos es una locura. Así no vamos a avanzar y es la responsabilidad de todos.
Tiene que haber una estrategia que combine todo, porque se necesitan cambios en las leyes, en la esfera judicial, justicia y en las políticas país. Aquí no hay un recetario mágico, tenemos que articular un plan integral.
¿Qué hacemos con tener más policías si no hay espacio en las cárceles para más detenidos? ¿Para qué hacer más detenciones si los sueltan los jueces? ¿Para qué más leyes si no tenemos cómo aplicarlas? No es con parches como vamos a solucionar la crisis de seguridad.