Los oficiales de la Policía Penitenciaria destacados en el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling se manifestaron mostrando nuevamente su descontento por el bloqueo de la señal celular.
Según explican, deben permanecer en el centro penitenciario siete días encerrados, sin derecho a las comunicaciones con sus hijos u otros familiares, incluso aseguran que muchos de ellos han perdido citas médicas pues las confirmaciones se dan por medio de mensajes de texto o correos electrónicos, por lo que se ausentan, y en los casos donde los atienden vía telefónica los médicos nunca reciben respuesta pues las llamadas están bloqueadas en el centro penal.
NO LES PONEN ATENCIÓN
El movimiento lo organizó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Edgar Morales, secretario general adjunto de la agrupación, indicó que como ciudadano siente pena de que en un país que se jacta de democrático las personas trabajadoras que están en el centro penal se encuentren incomunicadas.
“Lo peor es que la ministra no ponga atención a lo que estamos planteando, esta es la segunda acción, la próxima posiblemente con la otra escuadra ya no vamos a permitir que entren las bombas, la comida que meten para los privados, ya no vamos a permitir que entren los carros del OIJ y, de no haber respuesta de la ministra, vamos a irla a visitar, le vamos a llevar por lo menos unos 500 policías en la oficina en Zapote a ver si al fin escucha”, aseveró.
Morales reclama que en los centros penales insisten en la colocación de teléfonos fijos para los oficiales, pero se trata de solo cuatro unidades para atender a 160 personas.
“Hay una ley para bloquear la señal en los centros penales, esa ley no dice que tienen que bloquear a los trabajadores y en derecho público el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite y esa ley en ninguna parte señala que se les aplica a los trabajadores del sistema penitenciario, dice se bloquean los centros entendido que es para los privados de libertad”, recalcó.
“El marco normativo de la ley 9597 no asigna competencias técnicas al Ministerio de Justicia y Paz para la implementación de la solución tecnológica de bloqueo de la señal celular”, indicaron en el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con la cartera, la normativa establece las obligaciones que tienen los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones.
“Adoptar y aplicar los procedimientos y las soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios, incluyendo las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento, garantizando que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas a dichos centros”, cita el artículo cuatro de la ley.
Según Justicia, en el texto normativo no se distingue entre personas particulares, privados de libertad o funcionarios, sino que hace referencia a la actividad telefónica.
OFICIALES MOLESTOS
Jenny Vindas
Policía Penitenciaria
“No estamos pidiendo ningún lujo, es una necesidad. Habemos muchos padres y madres que estamos dejando a los niños con terceras personas, como es mi caso. Yo dejo tres hijos menores con personas adultas mayores, entonces lo que le estamos pidiendo a la señora ministra es que, con todo respeto, nos dé la cara, que nos escuche y lo que proponemos. Nos están quitando, violentando, el derecho de ver a nuestros hijos durante siete días, ni por una cámara”.
Nelson Calderón
Policía Penitenciario
“Estamos viviendo una situación muy difícil ya que desde el momento que ingresamos el lunes quedamos sin comunicación, se nos bloquea el celular, por tanto, nos perjudica. Tenemos compañeros y compañeras que estudian, que tienen a sus hijos y sabemos que por la pandemia y las clases virtuales los comunicados, tareas y trabajos no les llegan a ellas, también se afecta el vínculo de padre-hijo. Pedirle a la ministra de Justicia que por favor nos atienda y busquemos una solución”.
Fiorella Salazar
Ministra de Justicia
“Es importante recordar que es una ley de la República en la que convergen varios actores en este caso el Ministerio de Justicia y Paz, pero también las operadoras telefónicas cada uno con una competencia exclusiva, la implementación, por ejemplo, es competencia de las telefónicas. El Ministerio de Justicia y Paz es sensible a las necesidades de los funcionarios, pero tiene que respetar el cumplimiento de esta ley”.