La Fiscalía General decidió abrir una investigación sobre presuntas anomalías cometidas en contrataciones de Radiográfica Costarricense (Racsa). El proceso inició debido a las denuncias presentadas por 17 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA).
Los legisladores sospechan que en Racsa se adjudicaron acuerdos que incumplieron las normas referentes a contratación administrativa en el país.
También realizaron la solicitud a la Procuraduría de la Ética y a la Contraloría General para corroborar si existen actos que puedan generar nulidades contractuales o establecer sanciones administrativas a funcionarios que al parecer cometieran alguna falta.
Los diputados han usado sus espacios de control político para denunciar contratos como los de las tobilleras, tecnología 5G, entre otros. Así, DIARIO EXTRA se dio a la tarea de contactar al liberacionista Nicolás, uno de los proponentes, para conocer su postura.
Don Francisco, ¿en qué estado se encuentra la denuncia que ustedes presentaron?
– Recibimos la noticia de que la Fiscalía General abrió expediente sobre la causa que nosotros denunciamos.
¿Cuáles son los puntos más relevantes que ustedes solicitan investigar al Ministerio Público?
– Las cuatro avenidas que se presentan en la relación de hechos son altamente importantes. Es sospechoso que a una sola compañía se le adjudique esa enorme cantidad de contratos. Es altamente sospechoso que, en el tema de las tobilleras, por vía normal de licitación se pague un precio de casi 6 dólares y por vía de emergencia se contraten a más de 9 dólares, el mismo producto y la misma tecnología.
Es sospechoso como se migra de un ambiente ICE, en el caso del Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas), y lo pasan a Racsa que a su vez lo terceriza con una de las cuatro compañías que gravitan allí.
También es sospechoso que en el tema de que una empresa contrata directamente con Racsa y no son filtradas ni en Tributación Directa ni en la Caja Costarricense de Seguro Social.
Desde su despacho, ¿qué sigue?
– Bueno, como dicen en Puntarenas, no soltar la cuerda. Hay que seguir jalando y midiendo la tensión en la cuerda para que ni se reviente ni tampoco nos volquemos. Tenemos que seguir trabajándolo bien. Creo que ahora con el ingreso del Ministerio Público las cosas van a cambiar.
¿Han solicitado alguna información a Racsa que se les haya negado?
– Racsa a otras diputaciones les ha negado información porque se escudan en un tema de velo corporativo, velo comercial, y ese ha sido el escudo con el que ellos tapan este modus operandi que tienen allí. Pero ese cuento se les va a acabar pronto cuando sean intervenidos por el Ministerio Público y por la Contraloría.
Recientemente ustedes investigaron el tema del Sinart, ¿esto de Racsa le queda corto?
– Es como comparar un corredor de 100 metros planos con uno de triatlón. Sinart es el corredor de 100 metros planos, son montos muy dirigidos, en el ambiente de pauta usted habla de 8 mil millones de colones y es mucho dinero, pero el tema de Racsa es el mismo deporte, pero de fondo.
Entonces, ¿Sinart es el gatito y Racsa es el tigre?
– Así es. Y el modus operandi es el mismo. Ponen de cascarón una sociedad estatal, Sinart en un caso y Racsa en el otro, justifican que las instituciones públicas tengan que contratar definitivamente con ellos y estas empresas hacen el negocio hacia afuera con quien ellos quieran.