Desde hace varias semanas, se viene dando una discusión entre los diputados por si se aprueban unas reformas al Reglamento Legislativo que los llevaría a hacer públicas las elecciones y nombramientos de los futuros magistrados y otros puestos elegibles.
Se trata del expediente 23.235, el cual consiste en que las votaciones, reelecciones o rectificaciones de magistrados, propietarios o suplentes de la Corte Suprema de Justicia, Contralor(-a) de la República, Defensor(-a) de los Habitantes, además de las ratificaciones de los nombramientos hechos por el Consejo de Gobierno.
En realidad, sería importante que esto quede en actas, así como cuando votan a favor o en contra de un proyecto, y que cada quien pueda dar sus razones, si así lo quiere, de esta manera se podrá transparentar el proceso y además quedará para la historia. Cada uno decidirá si quiere que sea para bien o para mal.
Aunque la Asamblea Legislativa es un sitio donde priman las negociaciones, se torna injusto que algunos zafen la tabla cuando ya se ha llegado a acuerdos y entonces se traen abajo la labor de otros, a quienes muchas veces les ha tomado semanas.
Precisamente a raíz de estos comportamientos se han dado encontronazos entre algunos legisladores, porque consideran que esta situación no es prudente mientras muchos otros piensan que es justo y necesario hacerlo, además de que creen que al prosperar dicha iniciativa se podría devolver un poco de credibilidad a la elección de magistrados.
Lo anterior porque una buena porción de la población considera que muchas veces estos nombramientos se dan a dedo o por amiguismos y no necesariamente ante la idoneidad de las personas seleccionadas, lo cual es un flaco favor para la transparencia de las instituciones.
Pero se hacen cada vez más preocupantes las declaraciones de un diputado en un medio de comunicación radial, pues da a entender que los padres de la patria reciben amenazas para escoger a una u otra persona. Sinceramente, esto debería ser suficiente para que se abra una investigación de oficio y se lleve el asunto hasta las últimas consecuencias, porque nadie debe recibir presiones para tomar la decisión de escoger a alguien que no merece un puesto, solo porque el dinero de su campaña es mal habido o viene de organizaciones cuestionables.
Al final de los altercados, con dimes y diretes, ya se le dio trámite al proyecto que ha traído tanta discordia en los pasillos de la Asamblea. Un total de 43 legisladores votaron a favor de la iniciativa, ahora queda que se ponga en práctica y pueda visibilizarse lo que sucede en la escogencia de los magistrados. Ojalá esto aleje de esos procesos la corrupción, el narcotráfico y que se fortalezca la democracia, porque esto es al fin y al cabo lo que todos los costarricenses deseamos, es necesario alejar los secretismos de decisiones tan importantes como la elección de puestos tan importantes y determinantes para los ciudadanos.
Los diputados no pueden perder de vista que ellos se deben al pueblo y les corresponde guiarse por las necesidades y pretensiones de quienes al fin y al cabo los escogieron y los ticos creen justo y necesario que este tipo de votaciones sean públicas para que de esta manera quede constancia de las determinaciones que toman los legisladores.
Que a través de estas votaciones los ticos puedan ver cómo los diputados eligen a los mejor preparados y no aquellos que quizá tengan los respaldos políticos de más peso, porque el problema con este tipo de situaciones es que entran debiendo favores sin haber asumido los puestos.