La reciente declaratoria de emergencia institucional por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) debido a la renuncia de 84 especialistas pone en evidencia un problema que amenaza con agudizar la ya crítica situación de las listas de espera. Este anuncio representa un golpe contundente a un sistema de salud que desde hace años enfrenta problemas estructurales, y cuyas consecuencias se traducen en vidas que dependen de una atención oportuna y de calidad.
La renuncia masiva de estos especialistas, motivada por la falta de equidad en la aplicación del salario global, es un reflejo de la urgencia de establecer condiciones laborales claras y justas. Resulta preocupante que, pese a las advertencias de los gremios y los llamados al diálogo, las autoridades hayan permitido que esta situación escalara hasta un punto de crisis. La seguridad social es un derecho fundamental, y no puede quedar a merced de errores administrativos o de falta de visión por parte de quienes deben liderar soluciones.
Las listas de espera en la CCSS son ya un calvario para miles de costarricenses que, en muchos casos, deben esperar años para una cirugía o un examen esencial. Esto no solo impacta la calidad de vida de los pacientes, sino que también afecta a sus familias y al sistema de salud en su conjunto. Cada día de espera prolongada representa un riesgo creciente de complicaciones médicas, costos adicionales y, en el peor de los casos, pérdidas humanas.
Es incomprensible que, ante una situación de tal magnitud, las autoridades de la CCSS no hayan presentado un plan de acción inmediato. El anuncio de que las medidas se darán a conocer hasta el jueves refleja una preocupante falta de preparación y de seriedad para enfrentar esta emergencia. El tiempo es un recurso vital en este tipo de crisis, y cada día de inacción agrava el impacto sobre los pacientes y sobre el personal médico que, con los recursos disponibles, intenta sostener el sistema.
La CCSS es un pilar de nuestra sociedad y un símbolo de solidaridad y justicia social. No obstante, su funcionamiento eficiente depende de una gestión responsable, de la atención prioritaria a las necesidades del personal y de una inversión adecuada en infraestructura y tecnología. Las renuncias masivas de especialistas no solo afectan la capacidad de atención, sino que también minan la confianza de los costarricenses en una institución que debería garantizar su derecho a la salud.
Este es un llamado urgente a las autoridades para que actúen con diligencia y sensibilidad. No se trata solo de gestionar un problema administrativo, sino de proteger vidas y de honrar el compromiso con los principios que dieron origen a nuestra seguridad social. El país necesita respuestas inmediatas, acciones concretas y un liderazgo que priorice el bienestar de la población por encima de cualquier otro interés.
Es imperativo que se establezcan condiciones laborales que retengan y atraigan talento médico, que se reduzca la burocracia que limita la toma de decisiones, y que se invierta en el fortalecimiento de la atención primaria para aliviar la presión sobre los hospitales. Costa Rica no puede permitirse una salud debilitada. Cada paciente en lista de espera representa una historia, una familia y una vida que merece ser atendida con dignidad y prontitud.
La emergencia declarada no debe quedarse en un titular; debe ser el punto de partida para una transformación urgente y necesaria. Porque al final, la seguridad social y la salud no son solo servicios; son derechos humanos fundamentales.
Además, es esencial considerar el impacto que esta situación tiene sobre los especialistas que permanecen en el sistema. Con una carga laboral que ya era excesiva, ahora enfrentan un escenario de presión aún mayor, lo que podría traducirse en más renuncias o en una disminución de la calidad de la atención. Este es un ciclo vicioso que debe detenerse de inmediato, ya que no solo se compromete la salud de los pacientes, sino también la salud mental y física del personal médico.
Las listas de espera, que en algunos casos alcanzan cifras alarmantes, no son simplemente un dato estadístico; son una evidencia tangible de cómo el sistema está fallando en su función más básica: atender a quienes lo necesitan. Es inaceptable que una persona tenga que esperar años por una cirugía que podría salvarle la vida.
