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Costa Rica no necesita más reformas fiscales. Lo que necesita es hacer cumplir las que ya existen.
No puede ser que mientras miles de ciudadanos y empresas responsables cumplen cada mes con sus obligaciones tributarias, otros simplemente se escabullen del radar del Ministerio de Hacienda sin consecuencia alguna.
La evasión fiscal, junto con las exoneraciones mal dirigidas, representa una sangría imparable para las finanzas del país. Según cifras oficiales, el Estado deja de percibir ¢4 billones anuales.
Es decir, recursos que podrían financiar 560 nuevos centros educativos, según cálculos del propio Ministerio de Hacienda. ¿Cuántos hospitales podrían levantarse? ¿Cuántas delegaciones policiales podrían modernizarse? ¿Cuántos programas sociales podrían financiarse sin necesidad de endeudar al país?
El ministro Nogui Acosta lo dijo sin rodeos: un 4,3 % del PIB no se recauda por beneficios fiscales. Y el problema no es solo técnico, es político.
Mientras Hacienda intenta reforzar su capacidad de fiscalización, la Asamblea Legislativa le cierra la puerta bajo el pretexto de que se estarían otorgando “superpoderes”. Lo que se olvida es que permitir que el Estado funcione correctamente no es una concesión, es una obligación democrática.
Además, mientras se obstaculizan las herramientas para perseguir evasores, se aprueban nuevas exoneraciones sin medir su impacto.
“ No se trata de asfixiar al sector productivo, sino de fortalecer la ética tributaria”.
Hoy, hay 24 proyectos legislativos para crear más beneficios fiscales. Muchos de ellos con fines nobles, sí, pero ¿de qué sirve exonerar a un sector si eso implica desfinanciar la educación pública o debilitar la seguridad ciudadana?
Lo que urge no es gravar más a los que ya pagan, sino obligar a los que no lo hacen a ponerse al día.
El principio de justicia tributaria exige equidad. El sistema actual castiga al cumplido y premia al evasor.
Ese desequilibrio erosiona la confianza en el Estado y genera una percepción de impunidad fiscal que se traduce en menos recaudación y más deuda.
No se trata de asfixiar al sector productivo, sino de fortalecer la ética tributaria. Quien gana, debe contribuir. Quien opera en el país, debe aportar al bien común. Y el Estado, junto con los legisladores, debe tener la voluntad política para cerrar brechas, no para abrir más boquetes en el sistema.
Es hora de actuar. No podemos permitir que la evasión se vuelva la regla y el cumplimiento, la excepción.