“Es cuestión de tiempo para tener más homicidios de jueces y fiscales”

Tras el reciente asesinato de un exjuez de la República, el hecho continúa siendo una noticia que consterna a muchos profesionales en esa materia, por esa razón DIARIO EXTRA conversó con un juez que se mantiene en labores y asegura que este acontecimiento de violencia marca el inicio de una historia de sangre en Costa Rica.

Este profesional del Poder Judicial, a quien llamaremos José para resguardar su identidad, declaró: “Lo que pasó es muy lamentable. Luis Diego Ulloa era un exjuez de la República, trabajaba con nosotros aquí en San José. Hace como dos o tres años dejó el Poder Judicial y se dedicó a trabajar independientemente. Él en algún momento fungió como defensor en temas de narcotráfico, legitimación de capitales y otros”, explicó el funcionario.

José asegura que en el ejercicio de la defensa hay muchos profesionales que prefieren no llevar casos ligados al crimen organizado por temor, mientras que otros se atreven a tomar este riesgo. 

“El problema es que cuando los abogados se ven involucrados en estos casos, luego se ven amenazados o extorsionados por estas personas. Conozco casos donde les solicitan guardar cierta cantidad de dinero, o este carro, pasar bienes y muchos se niegan, claro, por seguridad y es donde vienen las represalias”, explicó.

En otras ocasiones los imputados no quedan satisfechos con la sentencia, por lo que también se puede generar un peligro contra la integridad de los defensores o jueces. 

“Por ejemplo, a veces los contratan para que lleven una causa de cualquiera de estas naturalezas, si el resultado no es el que quieren o no obtienen la libertad, solicitan la plata que pagaron y no siempre se obtienen los resultados esperados. Lamentablemente estas personas no lo entienden de esta manera. 

A lo largo de mi carrera he conocido gente que es amenazada, saben dónde viven o los obligan a seguir trabajando permanentemente con ellos. Hay todo un mundo y es bastante peligroso”, agregó. 

DINERO Y SANGRE 

José dijo que las organizaciones criminales por su acceso a grandes sumas de dineros pueden ofrecer o comprar bajo amenazas a muchos profesionales en derecho. 

“Ellos pagan sumas exorbitantes a raíz del lavado de dinero, no les cuesta nada pagar $50.000 o $100.000 por llevar una causa, pero el precio es muy alto para eso. Hay gente que ve en esto un camino viable y otros que nunca llevan narcotráfico por esa misma situación”, narró.

Llevar temas relacionados con el crimen organizado involucra amenazas, pues si quedan insatisfechos con alguna sentencia se presentan los problemas para los defensores o los jueces.

“Los defensores públicos tienen más amenazas que los jueces porque algunos narcotraficantes creen que es obligación del defensor sacarlos en libertad y si no lo hace toman represalias contra esta persona, exigencias como la pronta recuperación de la libertad y al enterarse los imputados que hay casos similares a los de ellos donde otros son absueltos le reclaman a su defensor. Pero sí existe gran cantidad de amenazas”, indicó.

“PRIMERO TOCAMOS FONDO ANTES DE MEJORAR”

José también afirmó que la muerte de Ulloa no puede dejarse pasar por alto y significa un antes y un después en la historia de los crímenes en el país. 

“Esto no es una guerra entre bandas. Creo que en su momento el presidente Chaves fue muy aventurado al decir que se están matando entre ellos y no se podría aceptar, aunque fuera cierto porque esto significa que el Estado está renunciando a su obligación de generar orden y que nadie debe tomar la justicia por sus manos”, expresó.

El juez dijo que como costarricense le preocupan los índices que ha alcanzado la criminalidad y que Costa Rica está seriamente amenazada con perder la paz que alguna vez lo diferenció de otros países en Centroamérica. 

“Estoy preocupado como civil, como costarricense y ciudadano de este lindo país. Ya se nos salió de las manos hace años, ahora peor. Falta para tocar fondo, pero primero vamos a tocar fondo antes de mejorar”, aseguró.

Finalmente, el juez del Poder Judicial dijo que no sería de extrañar que estos ataques contra las autoridades continúen e incluso se agraven.

“Con el asesinato de personal judicial en materia penal opino y espero estar equivocado, pero a como vamos es cuestión de tiempo que tengamos homicidios por ejemplo de un juez, un fiscal, un defensor y qué pena decirlo también periodistas, porque cuando lo analizamos en comparación con otros países de la región que ya pasaron por esto, como Ecuador, Colombia y México, esa es la escalada de violencia”, aseveró. 

MÁS TRABAJO PREVENTIVO 

El experto en materia penal indicó que se deben identificar los niveles de violencia en que están operando las organizaciones delictivas en el país.

“Vea lo que pasó en Limón, no les importa que sea frente a los tribunales o si está el OIJ, si hay cámaras de seguridad. Ellos no van a tener consideraciones en intervenir y matar a un juez, defensor, fiscal, agente policial o periodista que esté cubriendo la noticia”, subrayó.

José agregó que las personas relacionadas con las estructuras criminales temen más a las represalias que puedan generarse entre las bandas contrarias que caer en la cárcel.

“Por ejemplo, los tumbonazos de droga, robo de mercadería entre las pandillas y esas venganzas se cobran con la vida, de ahí este aumento exponencial que ha habido a raíz del sicariato, sin mencionar el debilitamiento del Poder Judicial en los últimos años, fuga de personas, hay menos presupuesto y el mismo número de personal de hace cinco años, la delincuencia ha aumentado, el OIJ ya no da abasto, no hay suficiente personal que realice las investigaciones con este colapso”, acotó.

Finalmente, dijo que el trabajo preventivo es de suma importancia para de alguna manera disminuir el impacto de homicidios y violencia a nivel nacional. 

“En lugar de apoyar al OIJ con lo que hace, no dan recursos. Ahora la gente que entra nueva gana la mitad de lo que ganamos los que tenemos más años. ¿Quién quiere trabajar ahora con ese nivel de riesgo e inseguridad? 

Hay que identificar que el OIJ entra a trabajar cuando hay un cuerpo en la calle. Por ejemplo, el trabajo preventivo le toca al Poder Ejecutivo y así lo establece la Constitución.

Si quieren lo cambiamos, pero cuando el homicidio se dio, el robo se dio o la droga se detuvo es que el Poder Judicial interviene, no es preventivo”, finalizó.