Los diputados cometieron un error al aprobar en primer debate el expediente 21.909, una iniciativa de ley que solicitó el gobierno con el fin de fijar la tarifa de los combustibles para que a partir de la diferencia en las rebajas por los precios internacionales se puedan recoger ¢50.000 millones con el objetivo de ayudar a las personas afectadas por Covid-19.
El problema es que los montos aprobados el lunes -donde la gasolina súper quedaría en ¢517, el plus en ¢492 y el diésel en ¢401- corresponden a los precios de plantel y no los finales al consumidor, lo cual haría insignificante la recolección de fondos.
Según la liberacionista Franggi Nicolás, quien estuvo al frente de la mesa de trabajo que analizó el proyecto, en un inicio se planteó utilizar como referencia las tarifas finales al consumidor, pero posteriormente decidieron dejarlo con los precios de plantel que son montos diferentes.
“Hubo un error material, no hicimos la corrección de los datos unitarios dentro del texto. Si se deja así habría una variación importante y menos recursos”, indicó la verdiblanca.
Reconoció que ni los funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ni de Recope notaron el fallo.
DIARIO EXTRA hizo la observación a la legisladora sobre el cambio en los montos del proyecto, pero en ese momento Nicolás adujo que no habría problema; no fue hasta horas más tarde que el error salió a relucir.
Los nuevos precios de los combustibles quedarían así: la gasolina súper ¢543, la plus ¢520 y el diésel ¢434.
MODIFICACIÓN
Hoy cuando los parlamentarios regresen al plenario intentarán corregir el texto del proyecto sin necesidad de tener que volver a votarlo en primer debate.
El frenteamplista José María Villalta expresó que puede arreglarse al tratarse de una equivocación material y no hay falta en la resolución a la que se hace referencia.
“Esto sin tener que echar para atrás el proyecto porque urge”, manifestó Villalta.
Sobre el monto que se podría recoger, el frenteamplista dijo que eso también dependerá del tiempo en que la medida se mantenga. En principio estima que serían entre ¢25.000 millones y ¢50.000 millones.