
Una audiencia que se desarrollaría para modificar la interpretación de una medida cautelar en el caso Cochinilla tuvo que cancelarse por un error del Juzgado.
La cita estaba programada para la 1:30 p.m. del martes en el Segundo Circuito Judicial de San José, no obstante, se alertó de la cancelación a las partes.
En apariencia, esto ocurrió por un error cometido por el Juzgado que no remitió una información al Tribunal.
“Se suspendió por un tema de trámite de unos documentos que no le remitió el Juzgado Penal al Tribunal, entonces, no la podían realizar”, explicó Erick Gatgens, abogado de Mélida Solís, propietaria de la empresa H Solís.
El licenciado señaló que el Tribunal, entonces, le dio al Juzgado Penal un plazo de 24 horas para que les remita la información. Posterior a este plazo, el Tribunal asignaría una nueva fecha que le comunicarían a los abogados de los imputados.
El motivo de esta audiencia era pedir que las empresas se habilitaran para poder cumplir con las obligaciones contractuales.
“El Juzgado Penal había acogido una medida cautelar, pero le estaba dando una interpretación que difiere de lo que dice la ley, a nuestro criterio, porque el Juzgado había dicho que, prácticamente, había una inmovilización patrimonial a criterio del Juzgado, pero la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas establece una medida cautelar pero no relacionada con eso”, añadió.
Es por esto que consideran que el Juzgado la interpretó de manera errónea, lo que imposibilitó el cumplimiento de las empresas con sus trabajadores.