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El Poder Judicial asegura que los recortes propuestos para 2026 y 2027 no representan un solo ajuste administrativo, sino un debilitamiento a la capacidad policial de combatir la criminalidad y proteger a las poblaciones más vulnerables.
La situación ha llegado a un punto de inflexión donde los jerarcas deben tomar decisiones extremas sobre el equipamiento básico de la policía judicial.
Así lo indicó Allan Pow, director de Planificación del Poder Judicial, durante una entrevista con Grupo Extra.
Pow explicó que en la planificación presupuestaria se llegó al extremo de discutir la manera de priorizar las compras del equipamiento policial, ya que los recursos están limitados.
“Vea el nivel de discusión y de detalle que se está llegando a los extremos debido a los recortes presupuestarios que estamos teniendo”, indicó.
Por otra parte, el proyecto de seguridad física de los edificios judiciales, diseñado para proteger a usuarios y funcionarios mediante blindajes y controles en zonas de alta conflictividad, ha sufrido un recorte de casi el 50%.
Esto ocurre en un contexto donde bandas rivales suelen coincidir en los pasillos de los tribunales durante juicios de alto perfil.
Interrupción de servicios
Uno de los puntos más sensibles es la posible interrupción de servicios esenciales que funcionan de madrugada y fines de semana.
La falta de presupuesto para salarios, sustituciones y “disponibilidades” tendría efectos negativos.
Las autoridades advierten que no se podrían ejecutar allanamientos los fines de semana, feriados o fuera de horarios hábiles, porque no se podrían movilizar a la gran cantidad de funcionarios que se necesitan en estos operativos.
“Si no tenemos las herramientas para combatir el crimen organizado yo creo que estamos destinados al fracaso como país”, afirmó Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial.
La fatal de recursos tendría un impacto en la atención de homicidios y el levantamiento de cuerpos de forma inmediata por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según las autoridades. En el ámbito tecnológico, un posible recorte de ¢2 mil millones impediría avanzar en la digitalización de la jurisdicción penal y pondría en riesgo la seguridad de la información sensible de las investigaciones.
Asimismo, se limitaría la compra de licencias para la apertura de teléfonos celulares, herramienta vital para combatir la ciberdelincuencia y los fraudes que afectan masivamente a los adultos mayores.
Seguridad e indumentaria
• Dilema en el equipamiento básico: La escasez de recursos ha llevado a discusiones extremas donde se debe elegir entre comprar chalecos antibalas o armas, ya que el presupuesto no alcanza para ambos.
Se destaca que los chalecos tienen una fecha de caducidad técnica que no se puede ignorar.
• Protección de Edificios: Existe un proyecto plurianual de seguridad para los edificios judiciales que ya ha sufrido un recorte de casi el 50% para la proyección de 2027.
Este proyecto incluye la instalación de blindajes en los accesos (como en el edificio de Tribunales de San José) para proteger tanto al personal como a los usuarios de posibles conflictos entre bandas rivales que coinciden durante los juicios.
• Vehículos policiales: La flotilla de más de 1.000 vehículos es vital para la policía, pero se ha dejado de invertir en su sustitución, manteniendo unidades más allá de su vida útil técnica, lo que eleva los costos de mantenimiento y arriesga la operatividad.
