En la columna de la semana pasada, inicié el tema relacionado con la reciente aprobación que hizo la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa de una “nueva” metodología para definir las reglas aplicables a las escogencias de las personas que llegarán próximamente a la magistratura del Poder Judicial.
Sin pretender desmerecer el esfuerzo o las intenciones de los nuevos legisladores en esta temática, califiqué esas reglas aprobadas como una “metodología cosmetológica” por considerar que la calificación final de los candidatos, quedó a expensas del 40% del puntaje global que los diputados se reservaron para otorgar discrecionalmente en la entrevista.
Mi percepción, y ojalá esté equivocado, es que detrás de este alto valor concedido a dicha entrevista, puede haber una inequívoca intención de mantener el criterio político sobre el criterio de idoneidad profesional contemplado en nuestra Constitución Política.
Esta situación nos plantea varias interrogantes sin pretender desconocer que los actos legislativos constituyen actos políticos en sentido estricto.
Cabe preguntarnos: ¿realmente están los actuales diputados dispuestos a despolitizar (en el mal sentido de la palabra) los nombramientos para la magistratura? ¿Estarán conscientes de la enorme responsabilidad democrática que tienen en sus manos? ¿Tendrán una conciencia clara de las necesidades actuales del Poder Judicial, de la dirección estratégica que requiere para salir del bache en que se encuentra y sobre todo, de las características de los nuevos magistrados que deben llegar a complementar las urgentes tareas de cambio?
Compartiré con ustedes algunas preocupaciones y sugerencias en torno a esa definitoria entrevista política y que realizarán los nuevos diputados de la Comisión de Nombramientos a los aspirantes a la magistratura del Poder Judicial:
3No existe hasta el momento o no ha sido hecho público, un perfil por competencias para el cargo de magistrado. Sin esa definición, es imposible saber o tener claras las características de las personas que se están buscando para ocupar cada puesto vacante.
3Las competencias son características inherentes a las personas relacionadas con destrezas, conocimientos, valores, principios, independencia de criterio, sentido crítico, sentido común, tolerancia a la presión, iniciativa, tenacidad, control, ejercicio de autoridad, capacidad de planificación y organización, comprensión de los problemas internos y externos a la organización, liderazgo, diálogo y negociación, vocación por el trabajo en equipo. Esas deberían ser al menos, algunas de las competencias a identificar en los concursantes por parte de la Comisión. Unas directamente de los atestados que presenten los oferentes, y otras en la fase de la entrevista directa.
3Resulta por ello indispensable que quienes tienen esa responsabilidad de entrevistar y recomendar al plenario legislativo las ternas o nóminas, tengan absoluta claridad del tipo de magistrados que necesita el Poder Judicial por el bien de la institucionalidad democrática de nuestro país.
No basta jamás, que se dediquen a escudriñar los aspectos relacionados únicamente con la ideología política de cada aspirante.
3Por otra parte, los diputados de la Comisión deben contar con una excelente asesoría al realizar las entrevistas. En un numeroso grupo de concursantes, deben ser capaces de “separar la paja del trigo” para detectar a las personas que realmente se ajusten al perfil del cargo que debe estar previa y claramente definido.
Deben ir mucho más allá de las simples apariencias y poder detectar las competencias reales de los aspirantes para saber si se ajustan o no a las necesidades del Poder Judicial.
3La apertura del concurso y de los aspirantes al escrutinio público, sin duda alguna es un aspecto digno de ser resaltado positivamente. Pero siempre y cuando se ejerza responsablemente en sus controles de veracidad, ya que de lo contrario, puede llegar a convertirse en un mecanismo de “linchamiento” totalmente injusto para algunos concursantes y con posibles “manipulaciones indebidas y ocultas” ejercidas a través de terceros.
3Es muy importante que los nuevos diputados de la Comisión tengan muy en cuenta el doble papel o rol que deben cumplir los magistrados por mandato constitucional. Por una parte, el de juzgadores en sus respectivas Salas; y por la otra, el de jerarcas como parte integrante del órgano de gobierno del Poder Judicial.
Los requisitos para cumplir la función jurisdiccional y la función de gobierno deben ser cuidadosamente analizados en la valoración de la competencias o atributos personales de los candidatos que aspiran a la magistratura. Desde luego, esa no es una tarea fácil sin la asesoría u orientación profesional mínima requerida.
3Preocupa igualmente el tiempo dedicado a cada entrevista. Una sesión fugaz y con poca profundidad, no permitirá bajo ningún concepto, tener una mínima garantía de buena selección y recomendación al plenario legislativo.
Deposito la fe y la responsabilidad en la Comisión de Nombramientos de nuestra Asamblea Legislativa. De sus recomendaciones, saldrán las personas que tendrán que asumir el futuro del Poder Judicial en estos tiempos difíciles. Sin duda alguna, ese deber legislativo hoy más que nunca, debe ser cumplido con profundo sentido democrático. ¡¡¡Es demasiado lo que está en juego para la vida institucional de nuestra querida Costa Rica!!!
Como siempre, muchas gracias por ser parte de estos \”Diálogos sobre Justicia\”.
*Exmagistrado de la Corte
Suprema de Justicia
Socio Fundador de
Decálogo Abogados
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