Los legisladores enterraron el proyecto de etiquetado frontal en alimentos y bebidas que impulsaba Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y buscaba que cualquier alimento o bebida no alcohólica con alto contenido de grasa, sodio o azúcar contuviera una etiqueta negra de alerta.
Asimismo, establecía multas de hasta ¢4.622.000 a los comercios que no implementaran dicha disposición en los productos.
No obstante, la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor decidió archivar la propuesta.
En contra votaron Daniela Rojas (PUSC) y María Marta Padilla (independiente). A favor estuvieron Álvarez, así como Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio (FA).
La votación se repitió y quedó empatada, no obstante, el reglamento legislativo establece que si dicha situación acontece, el proyecto debe archivarse.
“La semana pasada parecía que teníamos los votos para que esta iniciativa siguiera su camino en el plenario. Hoy se empató la votación y hubo posiciones divididas respecto al proyecto. Se podía llegar a un texto balanceado y en un ambiente donde las empresas operaran con normalidad”, aseguró la verdiblanca.
Criterios negativos
Durante la etapa de audiencias, varias cámaras se pronunciaron en contra de la propuesta al asegurar que afectaría la industria y el comercio nacional. Además desincentivaba la reactivación económica.
La Cámara Nacional de Detallistas y Afines informó que la iniciativa afectaría a los comerciantes y generaría competencia desleal, incremento en ventas informales e inseguridad jurídica.
Caso similar al de la Cámara de Comercio de Costa Rica, la cual indicó que no consideraba el impacto para las pymes e incluso la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) señaló que la propuesta generaba una “relación negativa entre las personas y grupos de alimentos”.
A lo anterior se suman los criterios de instituciones como el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), los cuales consideran que la iniciativa entraría en conflicto con los compromisos internacionales adquiridos por el país.
Incluso, violentaría el artículo 7 de la Constitución Política.
Actualmente hay un segundo proyecto que tiene el mismo fin. Se trata del expediente 24.840, también impulsado por Álvarez.
