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La Comisión de Seguridad y Narcotráfico sepultó un proyecto de ley para cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
La iniciativa, impulsada por la frenteamplista Priscilla Vindas, pretendía disolver dicha institución y que todas sus competencias pasaran a manos del Ministerio de Seguridad Pública.
Aunque los diputados fueron críticos de mantenerla bajo tutela de Casa Presidencial, argumentaron que no debe cerrarse como lo proponía el proyecto.
Incluso, la Corte Suprema de Justicia aseguró que afectaría el funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en materia de separación de Poderes.
De acuerdo con análisis presupuestarios, la DIS ha recibido en la última década más de ¢30.000 millones.
El dato oficial de presupuesto para la DIS en la última década es de treinta mil novecientos setenta y siete millones doscientos sesena y cinco mil cuatrocientos veintiocho colones (¢30.977.813.627).
Sin embargo, distintos sectores acusan que nadie sabe cómo opera, no cuenta con ningún control y, además, se ha utilizado por los Gobiernos de turno para investigar opositores y adversarios políticos.
Incluso, el ex fiscal general Francisco Dall’Anese aseguró que la DIS era “una policía política” y no tenía justificación.